De los Derechos Formales a la Igualdad Material: La Necesidad de las Condiciones Vitales Mínimas

El Estado Social de Derecho representa la transición de los derechos formales a la igualdad material. El Estado liberal se caracterizaba por la igualdad formal ante la ley, con una ley general y abstracta para todos. Sin embargo, esta igualdad formal no era suficiente, ya que se hacía necesario alcanzar una igualdad material, real y efectiva.

Esta transición implica que los derechos de libertad y participación política solo tienen sentido si se garantizan unas condiciones materiales mínimas para todos los ciudadanos. El constitucionalismo social busca una justicia social que evite la explotación de las clases más desfavorecidas.

La Revolución Industrial produjo un cambio en el contexto social, con un aumento de la población y la urbanización. Esto dificultó la procura existencial y, junto con la aparición del proletariado urbano, planteó la llamada cuestión social. Surgen los movimientos sindicales y los partidos políticos de masas que luchan por la mejora de las condiciones de los trabajadores.

El Estado Social también nace como respuesta a la presión de los contramodelos, como el Estado fascista y el Estado comunista. La burguesía se ve obligada a paliar las desigualdades sociales a través de reformas para evitar la revolución.

La Posición de los Poderes Públicos en el Estado Social

En el Estado liberal, los poderes públicos no intervenían en la economía, ya que se creía que el mercado se autorregulaba. Sin embargo, el Estado Social pone en entre dicho estos principios. El bien común no es el resultado de una generación espontánea, y el libre juego de las fuerzas sociales solo beneficia a los más fuertes.

La igualdad formal no suprime las desigualdades sociales, por lo que se hace imprescindible una mayor igualación de los niveles de vida. Esto se logra a través de la intervención de los poderes públicos, que tienen la tarea de garantizar una existencia material digna para los ciudadanos y remover los obstáculos sociales (art. 9.2 de la Constitución Española).

El Estado Social busca una igualdad real y efectiva, lo que implica una actividad promocional de los derechos por parte del legislador y la administración. Se implementan medidas de discriminación positiva o «acción afirmativa».

El Estado Social cambia las funciones de los poderes públicos y el planteamiento del Estado. Se pasa de un Estado mínimo a un Estado que interviene para alcanzar la igualdad real. Autores como Forsthoff, Hesse y Heller han analizado este cambio, destacando la importancia de las prestaciones sociales y la búsqueda de un punto medio entre el Estado liberal y la ruptura social marxista.

La Manifestación Histórica del Estado Social

Las primeras manifestaciones del Estado Social se dieron a través de la actividad legislativa. Ejemplos de ello son la universalización de servicios como la educación, la beneficencia y la sanidad, y la aparición de la legislación laboral que regula las condiciones de trabajo y limita la autonomía contractual para proteger a los trabajadores.

La seguridad social también surge en los siglos XIX y XX, evolucionando desde un modelo privado a un modelo público con prestaciones por accidente de trabajo, desempleo, vejez, etc. Incluso existen pensiones no contributivas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se establecieron sistemas públicos de previsión social y sanidad en diversos países, como Gran Bretaña y los Estados Nórdicos. También los Estados comunistas implementaron modelos de Estado Social, aunque su eficacia es difícil de evaluar debido a la falta de democracia.

Otros ejemplos de la manifestación del Estado Social son la aparición de los servicios públicos económicos, la intervención del Estado en la economía para favorecer el crecimiento y el empleo, el cambio en el modelo de administración hacia una descentralización funcional, la primacía del derecho público sobre el derecho privado y la relevancia constitucional de los grupos sociales.

El Estado Social plantea desafíos como su sostenibilidad económica y la eficiencia de la iniciativa pública en la economía.

El Estado Social y la Dogmática de los Derechos

El Estado Social afecta a la concepción de los derechos en tres aspectos:

• Los derechos de libertad del Estado liberal adquieren una vertiente prestacional, implicando la obligación de los poderes públicos de garantizar su efectividad (ej. art. 17 y 25 de la Constitución Española).
• Se reconocen derechos económicos y sociales, como el derecho a la educación (art. 27), la libertad sindical (art. 28), el derecho a la huelga, la negociación colectiva (art. 37) y el derecho a la asistencia sanitaria (art. 43).
• Se incorporan principios rectores de la política social y económica (art. 39 al 52 de la Constitución Española), que orientan la actividad del legislador y la administración. Estos principios se pueden clasificar en:
  • Principios de política económica, laboral y social (ej. art. 40).
  • Protección de colectivos específicos (ej. art. 42, 48).
  • Derechos de última generación (ej. art. 43, 44, 45, 46, 47).

Estos principios rectores no son derechos subjetivos exigibles directamente, sino que requieren desarrollo legislativo para su aplicación.