Caso El Amparo (Venezuela): Masacre y Búsqueda de Justicia

El caso de El Amparo, ocurrido en el estado Apure, Venezuela, en 1988, se refiere a la masacre de 14 campesinos el 29 de octubre por efectivos del Comando Específico «José Antonio Páez». Inicialmente, el gobierno venezolano presentó el hecho como un enfrentamiento con guerrilleros. Sin embargo, las investigaciones revelaron que se trató de una ejecución extrajudicial de civiles inocentes.

Impunidad y Proceso ante la Corte IDH

A pesar de las pruebas, los responsables no fueron debidamente sancionados en la justicia venezolana, generando un clima de impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el caso a la Corte IDH, argumentando la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, entre otros.

La Corte IDH determinó que Venezuela violó los artículos 2, 4, 5, 8.1, 24, 25 y 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sentencia e Incumplimiento

La Corte IDH emitió una sentencia en 1996, declarando la responsabilidad del Estado venezolano. Ordenó investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como reparar a las víctimas y sus familiares. A pesar de la sentencia, el caso El Amparo sigue siendo un ejemplo de impunidad. Las víctimas y sus familiares continúan exigiendo justicia.

Caso Gelman (Uruguay): Desaparición Forzada y Supresión de Identidad

Este caso se refiere a la desaparición forzada de María Claudia García Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, en Buenos Aires, Argentina, a finales de 1976, durante la dictadura militar. María Claudia, embarazada, fue presuntamente trasladada a Uruguay, donde dio a luz a María Macarena Gelman García, cuya identidad fue suprimida y entregada a otra familia.

Denuncia y Reconocimiento Parcial de Responsabilidad

Juan Gelman y su nieta presentaron una denuncia ante la Corte IDH, alegando la responsabilidad del Estado uruguayo. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional.

Sentencia y Consecuencias

La Corte IDH declaró al Estado uruguayo responsable por la desaparición forzada de María Claudia y la supresión de la identidad de María Macarena. Determinó que la Ley de Caducidad uruguaya era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH ordenó al Estado uruguayo investigar y sancionar a los responsables. La sentencia reafirmó la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos, incluso durante dictaduras militares, y generó un gran impacto, llevando a la derogación de la Ley de Caducidad.

Caso Ibsen Cárdenas (Bolivia): Desapariciones Forzadas durante la Dictadura

Durante la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez (1971-1978) y posteriores, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia. Rainer Ibsen Cárdenas y su padre, José Luis Ibsen Peña, fueron víctimas de estas violaciones.

• Rainer Ibsen Cárdenas: Detenido en 1971 y desaparecido. Se presume su ejecución extrajudicial en 1972 en el centro de detención de Achocalla.
• José Luis Ibsen Peña: Padre de Rainer, detenido en 1973 y desaparecido.

Decisión de la Corte IDH

La falta de investigación llevó el caso ante la Corte IDH. En 2010, la Corte declaró responsable internacionalmente al Estado de Bolivia por la desaparición forzada de ambos. Ordenó medidas de reparación, incluyendo la investigación, sanción de los responsables, búsqueda de los restos y medidas de no repetición.

Importancia del Caso

Este caso contribuyó al desarrollo de la jurisprudencia de la Corte IDH sobre desaparición forzada, estableciendo precedentes en materia de responsabilidad estatal y derechos de las víctimas. Puso de manifiesto la necesidad de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante dictaduras y demostró las falencias de la justicia boliviana en esos años.

Caso Almonacid Arellano (Chile): Ley de Amnistía y Obligaciones Internacionales

Luis Alfredo Almonacid Arellano, profesor y militante del Partido Comunista, fue ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado chileno el 16 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet. El caso se enmarca en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Denegación de Justicia y Proceso ante la Corte IDH

El caso ante la Corte IDH se centró en la falta de investigación y sanción de los responsables, y en la aplicación de la Ley de Amnistía (Decreto Ley N° 2.191). Los familiares llevaron el caso ante la Corte, alegando la violación de sus derechos a la justicia y a la protección judicial.

Sentencia y su Impacto

La Corte IDH determinó que la aplicación de la Ley de Amnistía constituía una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estableció que los Estados deben investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, y que las leyes de amnistía no pueden impedirlo. La sentencia sentó un precedente importante, estableciendo la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones internacionales. Tuvo un impacto significativo en Chile, contribuyendo al avance de los procesos de verdad, justicia y reparación. La Corte IDH resolvió que la aplicación del Decreto Ley 2191 de Amnistía desconoció los deberes impuestos por el artículo 1.1 de la Convención, violando los derechos de los familiares consagrados en los artículos 8.1 y 25.