Compromiso con los Derechos Humanos: Plan Nacional y Acciones para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos

COMPROMISO PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Adoptar iniciativas públicas de apoyo a la existencia de un plan nacional de derechos humanos consolidado más allá de la actual legislatura. Instar públicamente a Gobierno y grupos políticos representados en el Parlamento español a comprometerse expresamente con la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos. Abogar por la adopción de un Plan Nacional de Derechos Humanos de continuidad y enriquecimiento.

Lucha efectiva contra el racismo y la discriminación

Recopilar datos desglosados sobre el acceso de los diferentes grupos y minorías a la sanidad, educación y vivienda, con el fin de detectar la discriminación directa o indirecta que puedan sufrir estos colectivos o individuos pertenecientes a los mismos.

Elaborar planes locales y autonómicos integrales de lucha contra el racismo y la discriminación. Poner en marcha programas de educación en derechos humanos y lucha contra la discriminación para el personal de las administraciones públicas.

En el marco de sus competencias, adoptar leyes de igualdad que combatan la discriminación directa e indirecta. Garantizar que las instituciones y organismos de ámbito local y autonómico que tienen un contacto directo con personas inmigrantes, aseguren que las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, pueden inscribirse en los padrones municipales. Abstenerse de promover iniciativas que puedan suponer discriminación religiosa. Tomar medidas para combatir la discriminación, los estereotipos y los prejuicios que afectan a las mujeres musulmanas, tanto dentro de sus comunidades como en la sociedad en general.

Fuerzas de seguridad que defienden y respetan los derechos humanos

Asegurar que la formación de policías autonómicas y locales desarrolle y aplique de hecho protocolos y directrices. Adoptar medidas para introducir la grabación en vídeo y audio de todas las zonas de custodia de las comisarías de policía.

Establecer mecanismos efectivos para garantizar que cuando una persona desee presentar una denuncia contra policías no es objeto de obstrucciones de ningún tipo. Iniciar de inmediato procedimientos disciplinarios contra cualquier agente de policía que sea razonablemente sospechoso de cometer malos tratos. Impulsar la creación de mecanismos de rendición de cuentas independientes e imparciales encargados de investigar las denuncias de malos tratos y otras violaciones.

Menores en centros de protección terapéuticos

Publicar estadísticas que permitan cuantificar el número de menores. Garantizar efectivamente el control y la inspección de los organismos y entidades privadas. Permitir el acceso a aquellas instituciones que pretendan realizar investigaciones.

Garantizar que todos los internamientos de menores se lleven a cabo previa autorización judicial. Supervisar las prácticas de funcionamiento y las medidas sancionadoras hacia los menores en cualquier establecimiento de protección, público o privado. Asegurar que el internamiento de los menores es el último recurso y que se desarrollan y aplican medidas alternativas para su cuidado.

Menores extranjeros no acompañados

Adoptar las medidas necesarias, incluida la dotación de recursos suficientes, para garantizar los derechos humanos de estos menores. Asegurar que, en los casos de menores extranjeros no acompañados bajo la protección y tutela de la Comunidad Autónoma que pueden ser objeto de devolución a su países de origen, se realiza un examen individualizado del caso.

Asegurar, en caso de establecer acuerdos de repatriación o retorno, que respetan la Convención de Derechos del Niño, que toda repatriación se lleve a cabo con las debidas garantías. Tomar las medidas necesarias para asegurar que, una vez cumplido el plazo de nueve meses bajo la tutela de la Administración, los y las menores extranjeros no acompañados acceden sin dilación a una autorización de residencia.

Con relación a la determinación de la edad de menores, actuar siempre en base al interés superior del menor. Abstenerse de tomar ninguna medida que suponga diferenciar el tratamiento de menores extranjeros respecto a los nacionales.

Más protección y menos impunidad frente a la violencia de género

Asegurar una formación adecuada al conjunto del personal sanitario. Disponer, con la financiación adecuada, la implantación y funcionamiento de recursos suficientes. Garantizar la formación obligatoria (inicial y continua) de las policías autonómicas y locales. Garantizar la asistencia letrada inmediata y especializada a todas las víctimas de violencia contra las mujeres.

Promover la formación en materia de violencia de género en todas sus formas al conjunto del personal del ámbito judicial. Disponer los medios adecuados para asegurar que en las dependencias judiciales víctimas y presuntos agresores no coinciden en ningún momento del proceso.

Garantizar derechos económicos, sociales y culturales

Impulsar de forma efectiva la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Garantizar que la educación en derechos humanos está presente en los programas de formación. Amnistía Internacional recomienda a las corporaciones municipales:

  • Apoyar e impulsar, a través de su representación en los consejos escolares, medidas orientadas a mejorar la convivencia, respetar la diversidad, y promover la tolerancia y la igualdad, coherentes con la educación en derechos humanos.
  • Promover la educación en derechos humanos a través de la organización de actividades orientadas a la difusión de los derechos humanos.

Educar en derechos humanos, educar para el futuro

Promover legislación autonómica que incremente el respeto, protección y realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Garantizar que la legislación autonómica establezca unos mínimos de salud y vivienda. Asegurar que las políticas y planes en materia de salud y vivienda se formulan con un lenguaje, contenidos e indicadores de derechos humanos, incluidos mecanismos fiables de verificación sobre su eficacia y de rendición de cuentas.

Producir y publicar datos desagregados comparables en todo el territorio español. Asegurar que las personas cuentan con información detallada y participan en las decisiones que les afectan. Poner fin a los desalojos forzosos en todo el territorio y desarrollar de manera urgente legislación autonómica en materia de alojamiento en caso de emergencia. Garantizar el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas.

Compromiso de 10 puntos con los derechos humanos para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos

  1. Luchar contra el racismo y la discriminación.
  2. Luchar contra la violencia de género.
  3. Asegurar que la formación de policías autonómicas y locales incluye contenidos suficientes y de forma transversal.
  4. Tomar medidas para garantizar que se respetan los derechos de las personas menores de edad.
  5. Garantizar el derecho de los y las menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Administración.
  6. Desarrollar medidas orientadas a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas.
  7. Impulsar de forma efectiva la educación en derechos humanos, tanto a través de la correcta implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y de la formación del profesorado, como tomando iniciativas y organizando actividades que den a conocer los derechos humanos y promuevan su respeto.
  8. Garantizar en sus relaciones con autoridades de otros países.
  9. Promover iniciativas a favor de los derechos humanos.
  10. Exigir y establecer medidas para asegurar que la ayuda al desarrollo.

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