1. El Derecho a la Autonomía de las Nacionalidades y Regiones

El artículo 2 de la Constitución Española (CE) establece la unidad indisoluble de la Nación Española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, así como el principio de solidaridad. Este principio, presente en todo el Título VIII de la CE, busca un equilibrio entre la unidad del Estado y la diversidad autonómica, siempre dentro de los límites constitucionales. El artículo 2 ha permitido el acceso a la autonomía por diversas vías y ha desempeñado un papel crucial en la evolución y consolidación del Estado de las Autonomías, así como en la elaboración y reforma de los Estatutos de Autonomía (EEAA).

Este artículo también debe entenderse como un autogobierno que permite a una Comunidad Autónoma (CA) asumir una dirección política específica, conectando con el principio dispositivo. La presencia de formaciones nacionalistas en algunas CCAA ha impulsado demandas de una mayor profundización del autogobierno y una relación bilateral privilegiada o específica entre los gobiernos autonómicos nacionalistas y el gobierno central. Se ha observado una tendencia hacia la homogeneidad y equiparación competencial promovida por las CCAA. La falta de concreción en las funciones del Senado y la ausencia de acuerdos parlamentarios han impedido una reforma constitucional profunda de la Cámara Alta.

2. Principios que Informan el Estado Autonómico

Principio de Unidad

El principio de autonomía alcanza su verdadero sentido dentro del principio de unidad. A cada CA compete la gestión de sus respectivos intereses, por lo que es necesario dotarlas de competencias propias y exclusivas. Se trata de un Estado político descentralizado, resultado de la combinación entre el principio de autonomía y el de unidad. La soberanía reside en el poder constituyente.

Principio de Igualdad

La igualdad de los ciudadanos ante la ley y la prohibición de discriminación por cualquier circunstancia personal o social son fundamentales. Se fijan unas condiciones básicas comunes, acomodando el principio de igualdad con la existencia de principios y reglas relativas a la distribución de competencias, que deben concordar con el principio de solidaridad. La igualdad no implica uniformidad. El legislador autonómico ha desempeñado una gran función institucional, como en el caso de las lenguas de Cataluña y el País Vasco, lo que ha llevado a un elevado desarrollo de normas autonómicas.

Principio de Solidaridad

Este principio constituye un cierre en el reconocimiento del derecho a la autonomía proclamado en el artículo 2 CE. Impide que las CCAA puedan lesionar o perjudicar los intereses generales y establece un deber de auxilio recíproco entre los diversos poderes públicos que estructuran el Estado. Opera en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las CCAA. La Constitución prevé la creación de un fondo de cooperación de carácter interterritorial.

Principio de Lealtad Constitucional

En el ejercicio de sus competencias, el Estado y las CCAA deben tener como referencia la satisfacción de los intereses generales. Este principio, derivado del principio de solidaridad, no aparece explícitamente en la Constitución, pero se concreta en la fidelidad a la misma y en la obligación de un comportamiento «leal» entre el Estado y las CCAA.

3. Fuentes del Derecho en las CCAA: Estatutos de Autonomía, Principios de los Ordenamientos Autonómicos y Fuentes Legales y Reglamentarias

Los Estatutos de Autonomía (EEAA)

Los EEAA no son una categoría normativa homogénea. Su rigidez garantiza la función constitucional del sistema de distribución de competencias y el sometimiento de ambos poderes, el territorial y el estatal, a los límites constitucionales. No se pueden modificar sin la voluntad de la CA. El Estatuto es la norma institucional básica de la CA, una ley de ordenamiento constitucional.

El contenido mínimo del EEAA se encuentra en el artículo 147 CE y representa exigencias. Las normas establecidas cumplen una función atributiva de determinadas competencias, a tenor de diversos preceptos constitucionales. La reforma de los Estatutos requiere un referéndum para su modificación, aunque también se puede realizar por ley orgánica. A veces se puede usar solo un procedimiento o ambos. La iniciativa de reforma puede corresponder al Consejo de Gobierno, al Parlamento autonómico o a las Cortes Generales. Los límites para la reforma son los recogidos en la Constitución. El control de los EEAA lo ejerce el Tribunal Constitucional.

Principios de los Ordenamientos Autonómicos

• Principios Constitucionales: Las normas autonómicas están vinculadas a los principios constitucionales y deben someterse a los principios generales y normas programáticas establecidos en la Constitución. Además, están sujetas a principios que afectan de manera singular a la organización territorial del Estado y que se consideran límites de la potestad legislativa autonómica. Con carácter general, están llamadas a:
  • Los principios que determinan la orientación de la acción normativa.
  • Los que limitan la acción normativa.
  • Los específicos que afectan al sector material objeto de regulación.
• Principios y Deberes Estatuarios: Además de las competencias, la organización institucional y los procedimientos de producción de normas, los EEAA incorporan normas programáticas y principios mediante los que se restringe la libertad de actuación de los poderes autonómicos y se orienta su actuación hacia la consecución de objetivos que la CA considera prioritarios. También han incorporado derechos. Vinculan al legislador solo en sentido positivo.

Fuentes Legales

No hay diferencias esenciales entre la ley autonómica y la estatal. La ley autonómica se caracteriza por limitar los ámbitos de competencia propios, tiene un concepto formal establecido por la Constitución que podrá determinar su ilegitimidad pero no afecta a su condición de ley, y tiene unos límites específicos que son los mecanismos de garantía del interés general. Destacan las Leyes de Armonización (artículo 161.2 CE) y la prevalencia del Derecho Estatal.