LECCIÓN 6. EL PODER JUDICIAL

1. INTRODUCCIÓN

– Los tribunales, jueces y magistrados toman decisiones judiciales. Son un órgano independiente ya que los jueces no son elegidos mediante un proceso electoral.

– Su función principal es interpretar y aplicar la ley para cada caso concreto sin intervención de cualquier otro poder. Esto asegura la imparcialidad.

– Este poder se compone de varios órganos judiciales repartidos por todo el territorio español. Tiene potestad judicial exclusiva y ningún juez está sometido a otro.

– Según lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Española (CE), el poder judicial es independiente, inamovible y solo responsable ante el imperio de la ley.

2. PRINCIPIOS DEL PODER JURISDICCIONAL

– EXCLUSIVIDAD: la potestad judicial corresponde exclusivamente a jueces y magistrados, encargados de aplicar la ley y dictar sentencia.

– UNIDAD: existe un único poder judicial estatal como base de organización de los tribunales.

– EFECTIVIDAD: las decisiones del poder judicial son de obligado cumplimiento según el principio recogido en el artículo 118 de la Constitución.

– RESPONSABILIDAD: El Estado indemnizará en caso de error judicial.

– PRINCIPIOS PROCESALES: gratuidad, publicidad, oralidad, motivación.

3. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano que decide todo lo relativo a las actividades de los jueces, como su nombramiento, y garantiza la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado. Este órgano gobierna el Poder Judicial, pero no tiene potestad jurisdiccional, es decir, no puede juzgar ni dictar sentencias.

El CGPJ está compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros. De estos, 12 son jueces o magistrados elegidos por sus pares, y 8 son juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, elegidos por el Parlamento (4 por el Congreso y 4 por el Senado). Esta composición asegura una representación plural y competente en el órgano de gobierno del Poder Judicial.

El Presidente del CGPJ es la máxima autoridad judicial del Estado, con un mandato de 5 años. Entre sus funciones están la representación del Poder Judicial y la dirección de sus actividades. El CGPJ se encarga del nombramiento de altos cargos judiciales, la gestión del régimen disciplinario, la dirección de la carrera judicial y la formación de jueces y magistrados a través de la Escuela Judicial. Además, puede asesorar al gobierno en materia judicial y abrir expedientes disciplinarios a jueces y magistrados.

El CGPJ tiene una estructura organizada en varias comisiones, cada una con competencias específicas, tales como la Comisión Permanente, la Comisión de Calificación y la Comisión Disciplinaria. Estas comisiones permiten una gestión eficaz y especializada de las diferentes funciones del CGPJ, asegurando así el buen gobierno del Poder Judicial.

4. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El Poder Judicial en España se organiza jerárquicamente, siendo el Tribunal Supremo el órgano jurisdiccional superior, compuesto por cinco salas y encargado de la unificación de la jurisprudencia. Otros órganos incluyen:

• Audiencia Nacional: Compuesta por tres salas, principalmente la sala de lo penal, que trata casos específicos como narcotráfico y terrorismo.
• Tribunales Superiores de Justicia: Organizados en cada comunidad autónoma, tratan materias relacionadas con el derecho público autonómico y garantizan la unidad y coherencia en la aplicación de las leyes autonómicas.
• Audiencias Provinciales: Presentes en todas las provincias, manejan materias penales y casos derivados de los juzgados de primera instancia.
• Juzgados de primera instancia, menores, violencia de género o familia: Son juzgados unipersonales formados por un solo juez, que resuelven casos civiles y penales específicos.
• Juzgados de paz: No forman parte de la carrera judicial y son de carácter arbitrario, presididos por alcaldes de municipios, quienes resuelven conflictos menores.

EL PERSONAL NO JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El personal no judicial incluye el Ministerio Fiscal, cuyo fin es la persecución pública de delitos y la defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos. Este órgano es dependiente del gobierno pero sujeto a los principios de legalidad y objetividad. Los fiscales son elegidos por el gobierno y actúan en materias civiles, administrativas y penales. También intervienen letrados y abogados del Estado, quienes defienden los órganos del Estado y deben estar colegiados. Los procuradores representan a las partes en el proceso, pero no intervienen en la materia legal.

El Ministerio Fiscal tiene la responsabilidad de velar por la independencia de los tribunales y asegurar que la justicia se administre de manera imparcial y objetiva. Su organización incluye diversas unidades y órganos que permiten una actuación coordinada y eficaz en todo el territorio español.