Notificación electrónica y en papel
La notificación es el supuesto de eficacia demorada del acto y supone un acto de comunicación de un acto administrativo anterior. Las notificaciones por regla general se practicarán preferentemente por medios electrónicos, pudiendo ser por petición del interesado, por pertenecer a un colectivo donde se establece la obligatoriedad de recibir las notificaciones electrónicamente o por pertenecer a determinados procedimientos. Otras se practican en papel.
Aspectos favorables y desfavorables
Los actos favorables son los que favorecen a sus destinatarios por ampliar su patrimonio jurídico otorgándoles un derecho o eximiéndoles de una obligación (una licencia). Por otra parte, los actos desfavorables son los que perjudican al interesado imponiéndoles una obligación o delegándoles un derecho (denegación de una beca).
OTRA RESPUESTA:
Uno de los aspectos positivos de los recursos administrativos es que nos permiten a las personas impugnar los actos administrativos que les afecten, sin necesidad de acudir a la vía judicial, es decir, nos permiten reaccionar frente a una decisión de la Administración que nos perjudique, sin acudir a los juzgados y tribunales. La Ley de Procedimiento Administrativo Común nos señala que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Si esta no se resuelve y hay silencio de la administración se entenderá que el silencio administrativo es negativo; no obstante, si el recurso de alzada es contra un silencio administrativo, se entenderá positivo si no se transfieren facultades relativas al dominio público, si no implican daños al medio ambiente, ni procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Respuesta simplificada:
Si no se resuelve, la norma general marcará que el silencio administrativo en este caso será negativo.
Procedimiento administrativo: plazos
El plazo para notificar el acto administrativo es de 10 días desde que el acto fue dictado. La notificación se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Administraciones Públicas territoriales autonómicas
Al ser España un país políticamente descentralizado, el poder reside en distintos escalones territoriales. Uno de ellos es el de las comunidades autónomas. Cada Comunidad Autónoma tiene una administración pública autonómica. España está formada por 17 comunidades autónomas, por lo tanto, existen 17 Administraciones Públicas autonómicas más el supuesto de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cuanto a la competencia de las Administraciones Públicas territoriales, deberán tener reconocido en sus estatutos la potestad reglamentaria.
Jurisprudencia y principios generales del derecho
La jurisprudencia no es fuente del derecho, simplemente complementa el ordenamiento jurídico y consiste en la doctrina, de modo reiterado, que establezca el Tribunal Supremo, que a la vez debe atenerse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La jurisprudencia estira y delimita la ley. Además de la jurisprudencia nacional, debemos tener en cuenta la jurisprudencia proveniente de los tribunales de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por el contrario, los principios generales del derecho sí que son fuente del derecho, ya que son normas jurídicas que expresan los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico y las convicciones ético-jurídicas fundamentales de la comunidad. Estos son principios informadores de todo el ordenamiento jurídico y la mayoría están positivizados en las normas jurídicas; otros se extraen de la jurisprudencia. Algún ejemplo es la buena fe, la confianza legítima, objetividad, transparencia, eficacia…
Reglamentos
El reglamento es toda norma jurídica que procede del Gobierno y de la administración pública y representa no menos del 98% de las disposiciones que componen el ordenamiento jurídico. Esto se diferencia con la ley por situarse debajo de ella y no poder ir en contra, sino establecer su ejecución. Existen los reglamentos ejecutivos de las leyes, los independientes de las leyes y los reglamentos de necesidad.
¿Qué son los principios generales del derecho? ¿Dónde se encuentran? Pon 3 ejemplos.
Los Principios Generales del Derecho son fuente del Derecho, según dice el artículo 1 del Código Civil, y son normas jurídicas. Expresan los valores básicos del Ordenamiento Jurídico y las convicciones jurídico-éticas fundamentales. Son la atmósfera en la que se desarrolla la vida jurídica y el oxígeno que respiran las normas. No solo son aplicables en defecto de ley, sino que también son principios informadores de todo el Ordenamiento Jurídico, la “atmósfera en la que se desarrolla la vida jurídica”, según el Tribunal Supremo. Tres ejemplos son el servicio efectivo a los ciudadanos, la buena fe y responsabilidad por la gestión pública, efectividad, transparencia, cooperación.
¿Qué es el derecho administrativo? ¿A qué sujetos se les puede aplicar? ¿Se puede aplicar a órganos del poder legislativo y judicial?
El Derecho Administrativo es el Derecho que regula las Administraciones Públicas, tanto en sus relaciones con el ciudadano como en sus relaciones consigo misma. Existe una jurisdicción que controla la actuación de las Administraciones Públicas y es denominada “Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. “El Derecho Administrativo es el Derecho común y general de las Administraciones Públicas y demás Poderes Públicos en su actividad relacional con los ciudadanos y su personal”. El Derecho Administrativo se aplicará a la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, a las Entidades que integran la Administración Local, y al Sector Público Institucional (entendiendo este como los organismos o entidades públicas o privadas dependientes de administraciones públicas, y a las universidades públicas).
¿Qué normas con rango de ley y sin rango de ley puede elaborar el gobierno de la nación?
Las normas con rango de ley son las leyes orgánicas, las ordinarias, los tratados internacionales y los reales decretos leyes, los decretos leyes y los reales decretos legislativos. De estas, el gobierno de la nación tiene potestad para elaborar únicamente los reales decretos leyes con razón de extrema y urgente necesidad y los reales decretos legislativos, siendo estos últimos delegaciones legislativas que se le conceden al Gobierno y los reales decretos legislativos en el que el Congreso cede la potestad legislativa para textos refundidos o articulados. En cuanto a las normas sin rango de ley, nos encontramos con los reglamentos: real decreto, decreto, orden ministerial y ordenanza municipal. De estas normas, el Gobierno de la nación tiene potestad sobre los reales decretos y las órdenes ministeriales.
¿Qué es el procedimiento administrativo común y por qué ley se regula? ¿En qué supuestos no se aplica? Pon dos ejemplos.
El Procedimiento Administrativo Común es el cauce secuencial formal de producción de las disposiciones y actos administrativos. Su naturaleza es sustancialmente idéntica que la del proceso judicial, lo que las diferencia es la función que se ejercita. Cumple una doble función de garantía para los administrados y de racionalización de decisiones administrativas. En definitiva, una garantía al ciudadano en tanto que supone que la actividad de la Administración debe canalizarse a través de unos cauces determinados. No se aplica en determinados supuestos específicos y regulados por razón de materia. Aun tratándose de un procedimiento especial, debe seguir las reglas del procedimiento administrativo común. Algunos ejemplos serían los relacionados con tributos, con la Seguridad Social, tráfico y seguridad vial…
Aspectos positivos y negativos de los recursos administrativos y los recursos contencioso-administrativos. ¿Qué plazo hay para resolver el recurso de alzada? ¿Qué pasa si la administración no resuelve? (silencios administrativos).
Uno de los aspectos positivos de los recursos administrativos es que nos permiten a las personas impugnar los actos administrativos que les afecten, sin necesidad de acudir a la vía judicial, es decir, nos permiten reaccionar frente a una decisión de la Administración que nos perjudique, sin acudir a los juzgados y tribunales. Esto supone una disminución del gasto en cuanto a trámite y la posibilidad de otra vía de impugnación ante una resolución contradictoria a nuestro interés. La Ley de Procedimiento Administrativo Común nos señala que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Si esta no se resuelve y hay silencio de la administración se entenderá que el silencio administrativo es negativo; no obstante, si el recurso de alzada es contra un silencio administrativo, se entenderá positivo si no se transfieren facultades relativas al dominio público, si no implican daños al medio ambiente, ni procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Respuesta simplificada:
Si no se resuelve, la norma general marcará que el silencio administrativo en este caso será negativo.
Notificaciones en recurso de reposición. Indicar plazo para su interposición, qué pasa si el último día era inhábil, y cuándo es el último día para interponer recurso de contencioso administrativo.
Dictado un acto administrativo, el ciudadano puede decidir potestativamente si configurar un recurso de reposición, o bien saltarse esta vía e ir a jurisdicción contencioso-administrativa. El plazo de interposición de un recurso de reposición es de un mes si el acto que se impugna es expreso y sin plazo si el acto que se impugna es presunto. Si el último día era inhábil se entenderá que el último día es el siguiente hábil. Los plazos de interposición de recurso de contencioso-administrativo serán de dos meses desde la notificación, de seis meses si es por silencio administrativo, o de dos meses si hablamos de reglamentos.
Medios de ejecución forzosa para:
Una multa por beber que no se ha pagado: vía de apremio sobre el patrimonio por solicitarse una cantidad líquida de dinero.
Una sanción por no reparar un pilar que corre peligro de desplazamiento: al tratarse de una obligación personalísima de hacer, deberá resarcir los daños y perjuicios, cuya liquidación se hará en vía administrativa.