Elementos Clave del Estado de Derecho
El Estado de Derecho se define como un modelo en el que el aparato de gobierno se organiza y actúa sometido al derecho, basándose en el principio de división del poder como mecanismo para asegurar el respeto a los derechos personales. Este se caracteriza por tres elementos fundamentales:
- Supremacía de la ley: entendida como expresión de la voluntad general.
- Separación de poderes: como principio de organización del Estado.
- Proclamación y garantía de derechos y libertades: inherentes a todos los individuos por igual.
Estas ideas, desarrolladas durante las revoluciones liberales, han perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, el Estado de Derecho no es simplemente un estado con derecho, sino que debe perseguir valores o elementos materiales específicos.
Principio de Normatividad y Seguridad Jurídica
El principio de normatividad implica que el derecho no solo limita el poder, sino que también canaliza el funcionamiento del Estado. Esto se realiza desde la Constitución, pasando por la ley y terminando por el poder judicial, la administración pública y los propios ciudadanos, como operadores y aplicadores de las normas jurídicas. Esta función recae especialmente en el poder judicial.
La seguridad jurídica resume el objetivo del Estado de Derecho: evitar la arbitrariedad y responsabilizar las actuaciones contrarias al derecho.
Separación de Poderes y Garantía de Derechos
La separación de poderes, heredera de la idea clásica del gobierno mixto o equilibrado (Locke, Montesquieu), busca evitar la concentración del poder. Defiende su división, equilibrio y control, ya que solo cuando el poder está repartido entre varios actores que se limitan y controlan recíprocamente, puede ser efectiva la sujeción de los poderes al derecho y la garantía de los derechos y libertades.
Existe una distinción entre los poderes constituidos y el poder constituyente, que es quien elabora la Constitución (Art. 1.2 CE).
La garantía de los derechos y libertades implica que el Estado debe establecer una organización política al servicio de la libertad y la dignidad de la persona. El estatuto de la libertad ha pasado por diferentes momentos históricos: libertad frente al poder, libertad para participar en la configuración del poder, libertad como capacidad para recibir prestaciones que equilibren la igualdad, etc. Los derechos y libertades no son solo derechos subjetivos, sino que reflejan un orden de valores y, por tanto, tienen un carácter objetivo, siendo elementos esenciales del ordenamiento jurídico (STC 25/1981, de 14 de julio de 1981).
El Estado Democrático y Social
Estos tres pilares sustentan el Estado democrático, donde los ciudadanos participan en igualdad de condiciones en la gestión y control de los poderes públicos. La soberanía reside en todos los ciudadanos, y el pueblo es la única fuente legítima de poder político. En la Constitución Española (CE), encontramos la perspectiva democrática en la definición de la forma de Estado como social y democrático de derecho (Art. 1.2 CE: «la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado«).
El Estado Social y del Bienestar
La referencia al Estado social destaca otro elemento del Estado actual: su rol como regulador, benefactor y empresario. El Estado social o del bienestar interviene en el orden económico para garantizar condiciones de vida mínimas, haciendo efectivo el principio de igualdad.
En un Estado social, la igualdad no puede ser solo formal (igual trato para todos), propia del Estado liberal de derecho basado en la libre oferta y demanda y la autorregulación del mercado, que abogaba por un Estado mínimo y no interventor. En el Estado social, la igualdad debe ser también material: real, efectiva, implicando tratar desigualmente a los desiguales para lograr una igualdad de oportunidades. Sin embargo, se busca un mínimo de igualdad, ya que el Estado social no es un Estado socialista.
La intervención en el orden económico diferencia al Estado social del liberal. Este último puede ser mínimo, con pocos funcionarios. Con el Estado social, la seguridad adquiere un nuevo matiz: no solo es seguridad contra el abuso de poder, sino también frente a la miseria, el trabajo excesivo, la enfermedad, etc. La misión del Estado es buscar la protección de la persona, «desde la cuna a la sepultura».
El despliegue de la cláusula de Estado social (Art. 1.1. CE) condiciona al Estado a actuar en diferentes ámbitos, por razones de justicia social, para conseguir un Estado del bienestar que, en ocasiones, necesita recursos económicos que hoy en día a menudo parecen escasos.