Evolución del Derecho Procesal Laboral en Perú

Derecho del Trabajo

Celso Becerra: “Es la rama de las Ciencias Jurídicas que tiene por objeto el reconocimiento y protección de los fines vitales del trabajo humano. El Derecho Individual del Trabajo y el Derecho Colectivo del Trabajo constituyen el derecho sustantivo que regulan las relaciones individuales y colectivas de trabajo.

Derecho Procesal del Trabajo

Concepto

Rama del Derecho Procesal que estudia los principios, las situaciones jurídicas laborales y las instituciones vinculadas al ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado, que se ejerce a través del proceso. Conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso de trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico en las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpersonales.

Finalidad

Rama del Derecho de carácter adjetivo e instrumental, cuya finalidad es restablecer el equilibrio de la relación jurídica laboral para alcanzar la paz social, indispensable para lograr el desarrollo socioeconómico en el proceso de globalización de la economía.

Procedimiento Laboral en el Perú

El industrialismo, que tuvo sus inicios en 1890, durante la época republicana, no propició la creación de jurisdicciones de trabajo capaces de resolver los repentinos asuntos controversiales sobre la materia. Las constituciones de 1856 y 1860 regularon las relaciones individuales de trabajo, las cuales no se viabilizaron por carecer de procesabilidad para lograr el restablecimiento laboral.

El Procedimiento Laboral hasta 1971

Antes de esta fecha no existió un proceso autónomo para los asuntos de trabajo, ya que se notaba la dualidad de procesos laborales, se tratase de otorgarle protección jurisdiccional al obrero o empleado.

El Ambiente Laboral Sustantivo y Procesal hasta antes de 1936

1. Las Normas Constitucionales: La Constitución de 1919

Título IV sobre garantías sociales (arts. 37°, 45°, 46°, 47°, 48°, 49° y 56°). Se reconocía:

La libertad de trabajo.
El salario mínimo.
Las condiciones mínimas de higiene a favor del trabajador.

2. Las Normas Civiles – El Código Civil de 1852

Se alineó con los dictados en Europa durante el siglo XIX, recogiendo los artículos 1632°, 1633° al 1636° y entre 1640° al 1651°.

Locación de servicio.
Locación de obra.
Los servicios domésticos.

El contrato de trabajo tuvo el tutelaje del Derecho común y Derecho Comercial. Bajo esta premisa fueron lícitos los “contratos de trabajo a vida” en el viejo continente durante los siglos XVIII y XIX, o el de “enganche”.

El Código Civil de 1936

Art. 1547° al 1568°: se refirió a los contratos de locación de servicios.
Art. 1571°: define el contrato de trabajo como aquel en el que: «(…) EL OBRERO OFRECE CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN CON SU TRABAJO PERSONAL POR UN TIEMPO DETERMINADO E INDETERMINADO».
Art. 1572°: abordó las condiciones en las que se ejecutaría dicho contrato.

3. Las Normas de Comercio – El Código de Comercio de 1902

Influyó de manera significativa en materia laboral, cuyos efectos legales se prorrogaron hasta 1971. Se inmiscuyó en los asuntos de trabajo de manera dinámica. *Dejándose de aplicar desde que se dictó la primera Ley de estabilidad laboral, Ley N° 18471.

4. Las Normas de Trabajo

R.S. del 30/05/1901: Reglamentó el servicio doméstico, configurando la primera norma sustantiva de trabajo dictada en nuestro país. Antes, la prestación de trabajo en general se realizaba dentro de los cánones civilistas.

Las Normas Procesales de Trabajo antes del 23/03/1936

1. Primeros Intentos Legislativos Dirigidos a Asegurar las Reclamaciones de los Trabajadores

Los legisladores del siglo XIX e inicios del siglo XX no tuvieron inclinación a que exista un procedimiento autónomo en materia de trabajo; no existía una idea clara sobre la materia laboral que debía legislarse. Siendo los jueces civiles los encargados de ventilar los asuntos comerciales y de trabajo, fue el código de procedimiento civil el que se encargó de regir el proceso de las mencionadas materias.

D.S. del 24-01-1913

Consagró el Derecho sustantivo de HUELGA.
Su reglamentación.
El Código de Procedimientos Civiles fue el que se encargó de regirlo.

Código de Procedimientos Civiles

Al carecer los jueces civiles de un mecanismo procesal autónomo para tramitar los asuntos del trabajo sometidos a su jurisdicción, las normas de procedimiento civil del C.P.C. fueron las que rigieron la procesalidad de dichos asuntos, aplicándose incluso cuando se crearon los Juzgados Privativos de Trabajo y el Tribunal de Trabajo para el conocimiento específico de los litigios propiamente laborales. Las normas procesales civiles han servido siempre supletoriamente en función a la procesalidad de los trámites judiciales de trabajo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y las Normas de Trabajo

Los jueces de trabajo recurrieron también a la LOPJ de entonces (Ley del 15/12/1911) al momento de resolver las controversias, cautelando el debido proceso; así, permitieron asegurar el ejercicio regular de la acción jurisdiccional, de la defensa y del debido proceso.

Progresiva Autonomía del Derecho Procesal del Trabajo

Mientras el derecho civil exclusivamente daba solución a asuntos laborales, el Derecho Procesal del Trabajo reforzaba su particularidad, lo que le permitió ir apartándose progresivamente.

La Autonomía Procesal del Trabajo. D.S. del 23/03/1936

1. Campo de Aplicación

Muy delimitado, solo resolvía reclamos individuales de los trabajadores, se encontrase o no vigente el contrato. Ejemplo:

El empleador adeudara salarios.
Pago de obra ejecutada a suma alzada.
Indemnización por despido.
Contrato de yanaconaje.

Precisó Requisitos de la Demanda: D.S. en mención: nombre y domicilio del demandante y demandado, el monto.

Instancia plural (Art. 76°)

Se apelaba la sentencia (3 días) evacuada por el Jefe de Sección del Trabajo, la que en grado superior era resuelta por la Dirección de Trabajo con sede en Lima.

La ejecución del fallo

Estaban a cargo de los jueces de trabajo de Lima y Callao, y los jueces civiles de primera instancia para los litigios seguidos en provincias. En los fallos no se ordenaba abonar costas ni multas.

Los fallos aquí dictados

Según el D.L. N° 7190 del 17/06/1931, poseían la calidad de cosa juzgada, no pudiendo contradecir en la vía ordinaria civil. De este modo se creó un fuero propio para ventilar procesos laborales de los trabajadores dependientes de todo el país.

El Fuero Privativo como Mecanismo Procesal Autónomo

Exigía la existencia de un proceso propio, elaborado y dictado en beneficio de la clase laboriosa. Las características, lógica y principios generales del derecho de trabajo debían ser engarzados en un único y autónomo proceso para hacer ambos derechos (sustantivo y adjetivo). Se requería de normas procesales que impliquen la autonomía del Derecho Procesal del Trabajo.

Normas Procesales del Derecho Procesal del Trabajo

Normas procesales específicas – Jurisdicción laboral

Ley N° 6871 (02-05-1930): Se crean los Juzgados de Trabajo.
Ley N° 9483 (31-12-1941): Se implementan los Tribunales de Trabajo.
D.L. N° 19040 (23-11-1971): Ley Orgánica de Trabajo.
D.S. N° 007-71-TR (30-11-1971): Procedimiento de Trabajo.

Se cimentó la autonomía del Derecho Procesal del Trabajo – Razones

La constitucionalización de los derechos adjetivos.
La Declaración Universal de los DD. HH.
La OIT impulsó el trabajo decente.

El Fuero de Trabajo Antecedente de la LPT

Existieron conclaves que definieron y esbozaron la existencia y desarrollo del fuero de trabajo. Se buscaba que un procedimiento único, diferente del ordinario civil, resolviera los asuntos laborales. Ley N° 6871 (02-05-1930), norma ampliatoria de la Ley N° 4916:

Art. 5°: Se crearon Jueces de Trabajo sólo para Lima y Callao; el resto del país debía resolver sus controversias laborales por medio de la justicia ordinaria civil.

El Decreto Supremo N° 007-71-TR del 30/11/1971 – Legisló

El poder para juicio y sus formas (art. 3°).
La competencia de los jueces (art. 4°).
La obligación de la defensa cautiva (art. 6°).
La formación del proceso, la manera de presentar los recursos, las providencias, notificaciones de actuados, los incidentes, etc. (arts. 7° al 16°).
Contenido de la demanda (art. 17°), requisitos básicos: designación del juez, el nombre y domicilio del demandante y de la parte demandada, exposición de los hechos, petición clara con la expresión de los montos reclamados, el señalamiento de los medios probatorios, firma del accionante.

Principios Básicos

Se ratificó el principio de cosa juzgada de los fallos laborales.
Se ratificó el principio de la inversión de la prueba.
Se introdujo la conciliación como mecanismo capaz de resolver sin dilaciones.
Se introdujeron las medidas cautelares previas sin extracción de bienes para garantizar las acreencias demandadas.
Se otorgó a los jueces mayores poderes inquisitivos jurisdiccionales (prueba de oficio).
Se previó para los procesos de reposición de trabajo que al reclamante se le otorgue una asignación mensual equivalente a su remuneración habitual y hasta el tope de sus beneficios sociales.
La jurisdicción laboral era exclusivamente competente para conocer las reclamaciones de los trabajadores contra sus empleadores.

Decreto Supremo N° 03-80-TR (26-03-1980) – Características

Legisló las acciones populares y el contencioso administrativo.
Se crean más Salas Laborales y juzgados de trabajo en Lima como en el interior del país.

Principios: El principio de previsibilidad judicial.

Ley Procesal del Trabajo – Ley N° 26636

Devino con la aprobación del Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Su finalidad era privilegiar la celeridad y flexibilidad necesarias en dichos procedimientos.
Estructura de la Norma.

Debate de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

Los aires liberales que atravesaba nuestra economía, seguida de la existencia de un gobierno dictatorial, propiciaron la promulgación de la LPT. La suscripción de Tratados de Libre Comercio importaban la institucionalización del denominado trabajo decente.

Título Preliminar

Principios del proceso laboral: oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.
Ámbito de la Justicia laboral: resolver conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, etc.
Fundamento del proceso laboral: Los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso. Observar el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. Frente a la madre gestante, el menor y persona discapacitada. El proceso es gratuito para el prestador de servicios si no supera las 70 URP.
Interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos: Los jueces, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según principios y preceptos constitucionales.

Autonomía del Derecho Procesal del Trabajo

“La autonomía del Derecho Procesal del Trabajo abarca un conjunto de principios y de institutos propios… constituye una ciencia autónoma en cuanto es distinta de otras disciplinas jurídicas”. (Luigi De Litala).

Principios del Derecho Procesal del Trabajo

Misión informadora, supletoria e interpretativa de la legislación y todo sistema jurídico se asienta sobre principios que constituyen sus líneas directrices. Cumplen con una misión informadora, supletoria e interpretativa.

Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley Nª 29497

Título Preliminar: Principios del Proceso Laboral

El Proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de: inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad (Art. 1).

El Derecho Procesal del Trabajo en la Constitución del Perú

Artículos de la Constitución (1993): 138, 139, 141, 143, 144, 146, 148 y 149.

Jurisdicción

Es el poder-deber de administrar justicia laboral en aras de la paz social. Es el poder-deber con que cuenta el Estado para administrar justicia a través de sus órganos legitimados.

Competencia

Es la capacidad o aptitud para ejercer la función jurisdiccional; es la facultad que tienen los jueces de administrar justicia en función a la materia, a la función, a la cuantía y al territorio.

Determinación de la Competencia por Razón de la Materia

Competencia por materia de los Juzgados de Paz Letrados Laborales (Art. 1).
Competencia por materia de los Juzgados Especializados de Trabajo (Art. 2).
Competencia por materia de las Salas Laborales Superiores (Art. 3).
Competencia por razón de la función (Art. 4).
Determinación de la cuantía (Art. 5).
Competencia por territorio (Art. 6).
Regulación en caso de incompetencia (Art. 7).

Competencia por materia de los juzgados de paz letrados laborales – Artículo 1

Conocen de los siguientes procesos:

En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) URP originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de:
- Naturaleza laboral.
- Formativa o cooperativista.
Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) URP.
Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.

Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo – Artículo 2

Conocen:

En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista.

En proceso ordinario laboral (Inciso 1)

Protección de derechos:
- Individuales: Cuando nacen entre dos sujetos.
- Plurales: Conjuntos de unidades (construcción civil, agricultura, actividades culturales, etc.). Ejemplo: Horas extras.
- Colectivos: Intereses de grupo, indivisibles, interés general. Ejemplo: Incumplimiento de Convenio Colectivo de trabajo, laudo arbitral.

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios.
b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial.
c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral.
d) El cese de los actos de hostilidad del empleador (acoso moral y hostigamiento sexual). Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.
e) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.
f) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, incluida su disolución.
g) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros.
h) El Sistema Privado de Pensiones.
i) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y
j) aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral.

Competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo: Art. 2°

Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta (50) URP.

Inciso 2) En proceso abreviado laboral, la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única.
Inciso 3) En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical.
Inciso 4) En proceso contencioso administrativo, conforme a la ley de la materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público.
Inciso 5) Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Competencia de las Salas Laborales (Art. 3°)

1° Instancia

Proceso de acción popular en materia laboral.
Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral.
Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva.
Contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.
Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley.
Las demás que señale la ley.

Competencia por Función: Art. 4°

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema

a) Del recurso de casación;
b) del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia; y
c) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto.

Las Salas Laborales de las Cortes Superiores

a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados laborales;
b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto.

Los Juzgados Especializados de Trabajo

a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados de paz letrados en materia laboral; y
b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto.

Determinación de la Cuantía: Art. 5°

Está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante. Los intereses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda.

Competencia por Territorio: Art. 6°

A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los servicios.
Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, sólo es competente el juez del domicilio de éste.
En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo.
La competencia por razón de territorio sólo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios.
El Juez del lugar del domicilio principal del demandado.
Del último lugar donde se prestaron los servicios.
Laudos por negociación colectiva: el lugar donde se expidió el laudo.

Incompetencia: Art. 7° (7.1, 7.2, 7.3)

Regulación en caso de incompetencia.
El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de la materia, cuantía, grado y territorio mediante excepción.
El demandado puede optar, excluyentemente, por oponer la incompetencia como excepción o como contienda.
La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime la sala laboral de la corte superior correspondiente. Tratándose de juzgados de diferentes distritos judiciales, la dirime la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Demandado: Materia, Cuantía y Grado.

Jurisprudencia y Plenos Jurisprudenciales – Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley Nº 29497 (NLPT) – Ley Nº 26636 (LPT))

Reflexión Jurídica: Conclusiones del Primer Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral (2012)

El 10 de julio del 2012 se publicó el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo laboral, donde los Vocales de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, tanto la Permanente como la Transitoria, expusieron sus conclusiones respecto a materias laborales. (Cuadro 1, 2, 3).

Comparecencia al Proceso (Art. 8°)

Toda persona natural o jurídica, órgano o institución, sociedad conyugal, sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo, y en general toda persona que tenga o haya tenido la condición de trabajador o empleador.

Legitimación Especial: Art. 9°

Afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o las referidas a trabajo forzoso e infantil:

Afectados.
Organización Sindical.
Asociación o institución sin fines de lucro.
Defensoría del Pueblo.
Ministerio Público.

Afectación de derecho de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, seguridad y salud en el trabajo o en general derechos de una categoría de prestadores de servicios:

El sindicato.
Representantes.

Defensa Pública a Cargo del MINJUS: Art. 10°

La madre gestante.
El menor de edad.
Persona con discapacidad.

Actuaciones Procesales (Art. 11- a, b)

Reglas de conducta y oralidad: El juez cuida que se observen las siguientes reglas de conducta:

Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir, usar teléfonos celulares sin autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia.
Colaboración en la labor de impartición de justicia. Merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez.

Prevalencia de la Oralidad – Art. 12°

Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias (Artículo 12 – 12.1, 12.2).
Notificaciones en los procesos laborales (Artículo 13): Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción. En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), las resoluciones son notificadas por cédula, salvo que se solicite la notificación electrónica. Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes en el acto.

Costas y Costos (Art. 14)

Se regula conforme a la norma procesal civil. El juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no superan las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), salvo que la parte hubiese obrado con temeridad o mala fe. También hay exoneración si, en cualquier tipo de pretensión, el juez determina que hubo motivos razonables para demandar.

Multas – Art. 15

En los casos de temeridad o mala fe procesal, el juez tiene el deber de imponer a las partes, sus representantes y los abogados una multa menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP). Sólo puede exonerar de la multa si el proceso concluye por conciliación judicial antes de la sentencia de segunda instancia, en resolución motivada.

La multa por infracción a las reglas de conducta en las audiencias es no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP). Existe responsabilidad solidaria entre las partes, sus representantes y sus abogados por las multas impuestas a cualquiera de ellos.

El juez puede imponer multa a los testigos o peritos, no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP), cuando éstos, habiendo sido notificados excepcionalmente por el juzgado, inasisten sin justificación a la audiencia ordenada de oficio por el juez.

Prohibiciones Previstas

Agraviar a cualquiera de las partes o al Juez.
Interrumpir mientras se hace uso de la palabra.
Usar celulares u otros análogos sin autorización del Juez.
Abandonar la sala de audiencia.
Proponer aprobación o censura a lo dicho por una parte o lo acordado por el Juez.

Falta de Colaboración con la Justicia

Alegar hechos falsos.
Ofrecer medios probatorios inexistentes.
Obstruir la actuación de las pruebas.
Generar dilaciones.
Desobedecer las órdenes del Juez.

Prevalencia de la Oralidad en los Procesos por Audiencias – Art. 12°

La explicación de lo que se demanda y contesta, la probanza de los medios probatorios y la confrontación de posiciones jurídicas se apoyan en la oralidad para permitir al Juez tener una idea más acabada del litigio.

Registro del Debate: Excepción

El Juez utilizará las actas para identificar a los participantes de la audiencia, de la admisión y actuación de medios probatorios presentados por las partes, asimismo, de la resolución que suspende la audiencia, de los incidentes extraordinarios que se promuevan, de la sentencia.

Notificaciones – Art. 13°

Las notificaciones online colocan al proceso laboral en el siglo XXI. Muchas notificaciones serán hechas in situ por el mismo Juez. La ley menciona que cualquier otro medio, conocido o por conocer, podría emplearse siempre que su empleo confirme su recepción.
Surte sus efectos al día siguiente que es remitida, no desde el momento que el interesado abre su correo para enterarse de lo recibido.
Surte también efecto desde el día en que el juez señaló la data para notificar la sentencia.
La existencia de casilla no exime a las partes precisar su domicilio legal dentro del radio urbano o indicar el número de la casilla judicial.

No es absoluto:

El auto admisorio que contiene el traslado de la demanda.
La admisión a juicio de un tercero (denuncia civil).
La decretada medida cautelar.
La sentencia en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales.

Costas y Costos – Art. 14 NLPT

Reguladas por el artículo 410° y ss. CPC.
Disponer que el Juez, al sentenciar, establezca la cuantía de las costas es un logro que permitirá a los abogados organizar su trabajo (art. 31°).
Es la pretensión y el contrato de honorarios profesionales que habrá de fijarse y presentarse con la interposición de la demanda (tercer párrafo del art. 16°).

Costas: Acreditar el pago de las tasas judiciales, el abono de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales.

Se ha colocado sanciones que deberá compartir con su patrocinado, de ahí existen derechos y obligaciones (responsabilidad solidaria).

5% Colegio de Abogados.
Se puede exonerar de las costas a la parte vencida; al que se allana.
Por conciliación (costas y costos) deciden exonerarse; si la reclamación no supera las 70 UIT (salvo temeridad procesal o motivos razonables para defenderse).
El Estado puede ser condenado de costas (exonerado 413° CPC).
Quien desiste y abandona paga las costas.
El plazo para observarlas es de 3 días (con peritaje de parte a presentarse en 6 días).
En mora, generan intereses legales.

Multas – Art. 15 NLPT

Sanciones pecuniarias que la autoridad impone al administrado por inconductas debidamente tipificadas por normas específicas y porcentajes anclados a la URP vigente, bajo apremio de ejecución forzada e imposición de otras medidas (multa compulsiva, notificación al Colegio de Abogados). SOLIDARIAS ÷ LAS PARTES (menos al prestador de servicios).

Temeridad o mala fe procesal: ~ menor a ½ ni mayor a 50 URP.
Infracción a las reglas de conducta en las audiencias: ~ menor a ½ ni mayor a 5 UIT.

Admisión y Procedencia de la Demanda – Art. 16° NLPT: Requisitos

Debe contener los requisitos y anexos establecidos en el CPC:

a) Debe incluirse, cuando corresponda, la indicación del monto total del petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integren la demanda;
b) no debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.

El demandante puede incluir su pretensión de reconocimiento de los honorarios.

Varios demandantes: debe designarse a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal único.
El prestador de servicios: comparecer al proceso sin abogado si el total no supera las 10 URP.
Cuando supere este límite y hasta las 70 URP, es facultad del juez, atendiendo a las circunstancias del caso, exigir o no la comparecencia con abogado.
En los casos en que se comparezca sin abogado, debe emplearse el formato de demanda aprobado por el Poder Judicial.

Admisión de la Demanda – Art. 17° NLPT

Requisitos: Dentro de los 5 días hábiles siguientes de recibida.
Inadmisible: Si observa el incumplimiento de alguno de los requisitos, concede al demandante 5 días hábiles para subsanar la omisión o defecto.
La resolución que dispone la conclusión del proceso es apelable en el plazo de 5 días hábiles.
Si la improcedencia de la demanda es notoria, se rechaza de plano en resolución fundamentada (apelar en 5 días hábiles siguientes).

Demanda de Liquidación de Derechos – Art. 18° NLPT

• Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, con contenido patrimonial, los miembros o quienes individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar, sobre la base de dicha sentencia, procesos individuales de liquidación del derecho reconocido.• Condición: La sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República, y haya pasado en autoridad de cosa juzgada. • En el proceso individual de liquidación del derecho reconocido es improcedente negar el hecho declarado lesivo en la sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA LA ACTIVIDAD PROBATORIA REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN – Art. 19°NLPT Se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en el CPC. No debe incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. Si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos.

La reconvención es improcedente. CASO ESPECIAL DE PROCEDENCIA – Art. 20° NLPT En el caso de pretensiones referidas a: La prestación personal de servicios, de naturaleza laboral o administrativa de derecho público. No es exigible el agotamiento de la vía administrativa establecida según la legislación general del procedimiento administrativo. Excepción: Salvo que en el correspondiente régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal específico, en cuyo caso debe recurrirse ante ellos antes de acudir al proceso contencioso administrativo. ACTIVIDAD PROBATORIA Art. 21ºNLPT. – OPORTUNIDAD. • Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la Demanda y en la contestación. Pueden ser ofrecidos hasta el momento previo de la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos con posterioridad. • Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que corresponda ofrecer. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados. En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia apelada. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LOS MEDIOS PROBATORIOS. • La oportunidad en la presentación de los medios probatorios. La oportunidad en la presentación y ofrecimiento de los medios probatorios se debe presentar con la demanda o su contestación. • La excepción a la regla. La norma permite que, hasta antes de la diligencia de actuación probatoria, sea posible presentar medios probatorios, – Los medios probatorios tienen una fecha límite de presentación que es hasta la audiencia de actuación de los medios probatorios. – Los medios probatorios relacionados con hechos nuevos están previstos en el Art. 429º del CPC de 1993. – Los medios probatorios relacionados a hechos conocidos al momento de proponerse la Demanda, pero que, por una serie de factores, no fueron aportados con esta. – Los medios probatorios obtenidos con posterioridad. FINALIDAD. • Finalidad de los medios probatorios. Quien alega un hecho debe demostrarlo. La prueba como elemento decisorio del litigio. Ningún juez podrá amparar una demanda si es que esta no va aparejada de las pruebas que incidan sobre los hechos alegados o que teniendo incidencia hayan sido desechadas de oficio. La prueba forma la convicción del ente juzgador: pruebas licitas y las ilícitas. No todas las pruebas pueden merecer la legalidad o concordancia con las reglas que exigen el respeto de un orden publico, de la moral y las buenas costumbres. Las pruebas son ilícitas si son pruebas fraudulentas (testigos falsos, peritajes arreglados, documentos fraguados. LA AUDIENCIA DE PRUEBAS. • Objeto. Tiene por objeto que el acto procesal presidido por el juez, con la asistencia al menos una parte, se tenga que actuar los medios probatorios ofrecidos y admitidos para su valoración. • Reconocimiento. Tratándose de una audiencia donde el juez personalmente dirige el acto procesal, so pena de nulidad, deberá existir la notificación previa para asistir al evento en el que esta señalado el día y hora de su realización. • Situaciones excepcionales relacionadas con las pruebas extemporáneas y posibles nulidades. Con el nuevo procedimiento, las pruebas se presentan únicamente con el escrito de demanda o de su contestación. PRUEBAS IMPERTINENTES-IMPROCEDENTES- INNECESARIAS El juez es quien debe calificar la prueba en la audiencia única. • Consecuencias. – La prueba rechazada por impertinente no será tomada en consideración por el Juez por ser extraña al proceso. – La pruebe improcedente, aun siendo la prueba pertinente para el proceso, no habiendo sido presentado en el termino procesal exigido, no será tomada en consideración para el proceso. • Recursos posibles. El juzgador asumirá la alternativa de apartar la actuación de una prueba por alguna de las razones antes mencionadas. PRUEBA DE OFICIO. Art. 22ºNLPT. • Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable. • Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. • Se atribuye al juez un papel de director activo y actuante en el proceso para que lo encauce, lo promueva, lo dirija y requiera de la prueba.

CARGA DE LA PRUEBA. Art. 23º.NLPT -corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien contradice alegando nuevos hechos. -Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. -Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o extrabajador tiene la carga de la prueba de: • a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. • b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. • c) La existencia del daño alegado. LA PROBANZA DEL EMPLEADOR. Al empleador demandado le corresponde probar: a) El pago. b) El cumplimiento de las normas legales. c) El cumplimiento de las obligaciones contractuales. d) La extinción o inexigibilidad de las obligaciones precedentes. e) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. f) El estado del vínculo laboral y la causa del despido. LOS INDICIOS. • Etimología. Serra Domínguez, equivale a “dar a conocer o manifestar, derivado de index, dico. • Fines del indicio como técnica jurídica. Se presentan como una ayuda necesaria para los trabajadores, por la inferioridad procesal habida entre ambos y porque, además, los “gastos procesales y la carga de la prueba no pueden ser equitativamente distribuidos. • Importancia de la institución. Implica su incidencia en el proceso, en la ley y en juzgador como director único del debate judicial, será importante que valore y plasme a través de actuación la esencia del contenido social al proceso laboral. VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS. Cada parte deberá valorar las pruebas que ofrece, pudiendo ser desestimadas aquellas que han merecido el cuestionamiento correspondiente en sus recursos impugnatorios. • El valor intrínseco de la prueba. Las pruebas documentales gozan de mayor estabilidad en un juicio; permitirán el éxito o fracaso de un litigio, existe mucha desconfianza al valor intrínseco a las pruebas testimoniales. • La valoración que el juez hará de las pruebas aportadas y actuadas. El juez al valorar las pruebas aportadas y actuadas lo que hace es reconstruir los hechos alegados por las partes. CONCLUSIÓN DEL PROCESO – SENTENCIA El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales para motivar su decisión. La sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que la declare fundada total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos, así como las prestaciones que debe cumplir el demandado. Si la prestación ordenada es de dar una suma de dinero, la misma debe estar indicada en monto líquido.