Evolución Histórica de la Asistencia Social en España

1. Evolución Histórica de la Asistencia Social en España

1.1. La Asistencia Social en el Siglo XVIII

Durante el siglo XVIII, la asistencia a los necesitados se basaba principalmente en la caridad y la limosna. Se rechazaba la idea de que los pobres pudieran ser sujetos útiles y productivos. Las normas de la época, como las Reales Órdenes de 1783 y 1786, tenían un carácter correctivo o asistencial.

Categorías de pobres:

Solemnidad: Recibían asistencia en hospicios.
Vergonzantes: Recibían ayudas a domicilio.
Desocupados y enfermos convalecientes: Eran atendidos por diputaciones caritativas de barrio.

Las personas que vagabundeaban eran excluidas y castigadas por su ociosidad.

Instituciones de carácter correctivo:

Hospicio de San Fernando:

Se creó con el objetivo de preparar a los pobres y vagabundos para su integración en la sociedad a través del trabajo. En la práctica, se convirtió en un lugar para separar a los pobres de la sociedad.

Instituciones de carácter asistencial:

Diputaciones de Barrio:

Tenían como objetivo el alivio y socorro de enfermos, convalecientes y pobres desocupados. Sus funciones incluían la asistencia médica, la ayuda material y la formación educativa. Estaban formadas por el alcalde del barrio, un miembro de la iglesia y tres vecinos acomodados.

El balance de las diputaciones fue positivo, ya que supusieron un intento de racionalizar las ayudas sociales. Sin embargo, la escasez de recursos limitó su eficacia.

Instituciones de carácter preventivo:

Montepíos o Sociedades de Socorros Mutuos:

Las personas con recursos aportaban cantidades de dinero para que, en caso de necesidad, alguno de los miembros pudiera recibir ayuda. La desventaja de este sistema era que solo cubría a aquellos que tenían dinero.

En este siglo, surge la beneficencia como acción social pública, aunque se mantienen otros sistemas de ayuda como la caridad, los gremios y las cofradías. Se continúa con la criminalización de la pobreza.

1.3. El Siglo XIX: De la Asistencia Social a los Servicios Sociales

Con la llegada del siglo XIX, los problemas sociales se consideran cuestiones de naturaleza pública y con responsabilidad política. Dos sucesos importantes marcan este siglo:

Revolución Industrial:

Supuso un cambio rápido en la estructura de la sociedad, con la separación entre trabajo y capital. Se produjo un aumento de la mano de obra debido al incremento demográfico y la emigración del campo a la ciudad. El capitalismo generó riqueza y se crearon grandes fábricas.

Estos cambios dieron lugar a dos nuevas clases sociales: la burguesía capitalista y el proletariado. La presión ejercida por estas clases sociales impulsó el intervencionismo estatal a finales del siglo XIX.

Revolución Democrática:

La política dejó de ser un asunto de minorías. Se extendió el derecho al voto y surgieron los partidos políticos y los primeros sindicatos (como la UGT).

En España, estos cambios se produjeron con retraso. Se empieza a superar la beneficencia y a nacer la asistencia social, basada en la idea de que el pobre también es un ciudadano. La beneficencia, basada en el altruismo y la generosidad, se consideraba discrecional y no un derecho del ciudadano.

Acciones Jurídico-Institucionales:

Constitución de 1812:

Establece la obligación de los españoles de ser justos y benéficos.
Crea un sistema público de atención al necesitado.
Otorga un papel primordial a los ayuntamientos y diputaciones provinciales en la gestión de la beneficencia (hospitales, hospicios, casas de expósitos, etc.).

Ley de Beneficencia de 1822:

Crea las Juntas Municipales de Beneficencia en cada pueblo y las Juntas Parroquiales de Beneficencia en poblaciones con mayor número de habitantes.
Establece las funciones de las juntas: hacer observar la ley, informar al ayuntamiento sobre las necesidades de los establecimientos de beneficencia, examinar las cuentas de los administradores y cuidar de la buena administración de los establecimientos.
Crea establecimientos como casas de maternidad, casas de socorro, hospitales y servicios de socorro y hospitalidad domiciliaria.
Crea un fondo común de beneficencia, integrado por fondos públicos y eclesiásticos, dividido en fondos generales (para socorrer las casas de beneficencia del reino) y fondos municipales (para mantener los establecimientos de beneficencia y socorros domiciliarios de cada pueblo).
Suprime los establecimientos no regulados por la ley.
Esta ley, aunque importante por ser la primera en la materia, no llegó a ser plenamente efectiva debido a la finalización del Trienio Liberal (1820-1823).

Ley de Beneficencia de 1849:

Consolida la beneficencia como servicio público, con finalidad, organización y gestión pública.
El gobierno se encarga de la creación, supresión y regulación de los centros de beneficencia.
La gestión de la beneficencia corresponde al Ministerio de Gobernación.
Crea una Junta General, Juntas Provinciales y Juntas Municipales para auxiliar al gobierno.
Establece tres tipos de establecimientos: generales (para necesidades permanentes), provinciales (para personas con enfermedades comunes, imposibilitadas para el trabajo o sin familia) y municipales (para socorrer enfermedades accidentales, transportar a los pobres a otros establecimientos y ofrecer atención domiciliaria).
Crea un fondo patrimonial común para la financiación de la beneficencia, constituido por bienes públicos y privados.
Es más respetuosa con los establecimientos privados que la ley de 1822, aunque los somete a inspección y control administrativo y contable.
Aún no se reconoce el derecho subjetivo de los pobres a recibir las prestaciones de la administración.

Comisión de Reformas Sociales (1883):

Se crea para dar respuesta a la cuestión social (miseria, pobreza obrera).
Se abandona el pensamiento liberal del abstencionismo estatal y se apuesta por un intervencionismo cada vez mayor.
Su finalidad es que las normas aprobadas por el gobierno sean más cercanas a la realidad y tengan mayor aceptación.
Constituye el punto de partida de la legislación social.

1.4. El Siglo XX y los Orígenes del Estado de Bienestar

La idea del Estado de Bienestar surge tras la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la crisis económica de 1929. Se busca un mayor intervencionismo estatal en la economía para regular el ciclo económico y redistribuir la renta.

Importancia del Estado de Bienestar:

Se institucionalizan los derechos sociales y se implanta un sistema universal de seguridad social.
Se consigue estabilidad política. El Estado se convierte en árbitro de los intereses en conflicto, redistribuyendo recursos, disminuyendo la conflictividad e impidiendo la protesta social.

Recorrido Histórico:

Instituto de Reformas Sociales (1903):

Se crea con una doble función: estudiar las soluciones a los problemas sociales y preparar las normas para resolverlos, y gestionar y administrar el cumplimiento de las normas.
Principales medidas legales:
- En relación al trabajo de la mujer y los niños: prohibición del trabajo de la mujer durante el embarazo y la lactancia, prohibición del trabajo de mujeres y niños en industrias peligrosas, ley de la «silla».
- En materia laboral: establecimiento del descanso semanal obligatorio, inembargabilidad del salario de subsistencia familiar y de los instrumentos de trabajo.
- En materia de emigración: Ley de Emigración.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1919):

Se crea al amparo de la Sociedad de Naciones (posteriormente ONU).
Su estructura tripartita (Estado, empresas y trabajadores) legitima sus normas, convenios y recomendaciones.
Principios: el trabajo no es una mercancía, la libertad de expresión y asociación es indispensable para el progreso, la pobreza es un peligro para la prosperidad, la lucha contra la necesidad debe ser un esfuerzo nacional e internacional.
Órganos: Conferencia General (asamblea), Consejo de Administración (órgano ejecutivo) y Oficina Internacional del Trabajo (órgano técnico y administrativo).
Funciones: asesoramiento técnico a los estados miembros, organización de reuniones internacionales de expertos, preparación de informes y recopilación de información, función normativa (convenios y recomendaciones).

El Instituto de Reformas Sociales se transforma en el Ministerio de Trabajo en 1930.

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930):

Se caracteriza por el agotamiento de los partidos políticos y la toma del poder por parte de las élites.
Se decreta la Ley de Organización Corporativa Nacional (1926), que intenta sustituir la lucha de clases por la colaboración entre las mismas, prohibiendo la huelga y la violencia como medios para resolver conflictos.

Segunda República (1931-1939):

La Constitución de 1931 fue muy avanzada socialmente, creando el derecho a la protección. Sin embargo, su aplicación se vio limitada por la Guerra Civil (1936-1939).

Franquismo (1939-1975):

El Fuero del Trabajo regula el trabajo por cuenta ajena y recoge el compromiso del Estado de defender al trabajador.
El franquismo evoluciona de un sistema totalitario a una época de obertura. Se produce una expansión de los beneficios sociales.
Se crean fondos de auxilio para las víctimas de la Guerra Civil (ONCE, 1938).
Se reestructuran las instituciones que gestionan la seguridad social y la asistencia social. Las competencias pasan al Ministerio de Cultura y Bienestar Social.
Se crean el INSS, INSALUD e INSERSO.
Se crea el Instituto Nacional de Asistencia Social y el Ministerio de Sanidad con una Dirección General de Servicios Sociales.
Se produce una transición de los seguros sociales a la seguridad social.
Se establece la responsabilidad de la empresa en los accidentes de trabajo (Ley de Accidentes de Trabajo).
Se crea el primer seguro social obligatorio por riesgos comunes (Retiro Obrero, 1919).
El seguro de accidentes se convierte en obligatorio en 1932.
Se regulan las enfermedades profesionales en 1947.
Aparecen nuevos seguros (enfermedad, vejez, invalidez, subsidios familiares).
Se crea la Ley de Seguridad Social (1963) y se desarrolla por la Ley General de Seguridad Social (1966).
El derecho a la Seguridad Social se consolida, incluyendo prestaciones como asistencia sanitaria, recuperación personal, prestaciones económicas en caso de necesidad, protección a la familia y servicios sociales.

1.6. Los Servicios Sociales Durante la Transición Democrática (1975-1982)

Tras la muerte de Franco en 1975, se inicia la transición democrática, que culmina con la aprobación de la Constitución Española en 1978.
Se llevan a cabo esfuerzos organizativos y de reestructuración de las instituciones que gestionan la seguridad social y la asistencia social.
Las competencias en materia de sanidad y servicios sociales se transfieren a las comunidades autónomas.

Conclusión

La asistencia social en España ha experimentado una larga evolución a lo largo de los siglos, pasando de un modelo basado en la caridad y la beneficencia a un sistema de seguridad social universal que garantiza el derecho a la protección social. El Estado de Bienestar, surgido en el siglo XX, ha consolidado este derecho y ha contribuido a la estabilidad política y social del país.