Guerra Civil Española: Gobierno Republicano, Junta de Defensa y Nuevo Estado

El Gobierno de Negrín y las Reformas Republicanas

El Gobierno de Negrín, además de las medidas represivas y de centralización del poder, implementó una serie de reformas destinadas a fortalecer el estado y la economía durante la Guerra Civil Española. Entre estas reformas se incluyeron la nacionalización de algunas industrias clave, como las metalúrgicas, con el objetivo de aumentar el control estatal sobre la producción y los recursos económicos del país. Asimismo, se buscaron medidas para estabilizar los precios y combatir la especulación mediante la creación de tribunales especiales para tratar casos relacionados con la fijación indebida de precios. En el ámbito militar, Negrín trató de consolidar la autoridad del gobierno republicano sobre las fuerzas armadas, promoviendo la lealtad al estado y buscando la unidad frente al avance del bando franquista. Sin embargo, la división política y las tensiones internas en el gobierno republicano obstaculizaron estos esfuerzos, y la falta de cohesión y disciplina dentro del ejército republicano fue un factor importante en la derrota final frente a las fuerzas franquistas. A pesar de los intentos de Negrín por restaurar el orden y fortalecer la república, su gobierno se vio socavado por la desconfianza y las divisiones internas, especialmente entre las facciones políticas de izquierda. La rivalidad entre comunistas y anarquistas, así como las tensiones con sectores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), debilitaron la capacidad del gobierno para enfrentar de manera efectiva el avance de las fuerzas franquistas. En última instancia, el gobierno de Negrín no logró detener el avance del bando franquista y terminó con la derrota de la república en 1939. Aunque sus esfuerzos por fortalecer el estado y buscar una solución pacífica a la guerra fueron significativos, las divisiones internas y la falta de apoyo internacional impidieron que su gobierno lograra sus objetivos.


El Fin de la Guerra Civil y la Caída de la República

El fin de la Guerra Civil se vislumbraba desde noviembre de 1938, cuando el agotado bando republicano no pudo igualar la maquinaria militar franquista. Juan Negrín, presidente del gobierno republicano, se enfrentaba a un proceso de descomposición interna y agotamiento. La toma de Barcelona por las fuerzas franquistas en enero de 1939 marcó un punto crítico, llevando al gobierno republicano a huir hacia el norte. Con el respaldo de Inglaterra y Francia como mediadores, se plantearon condiciones para la paz, pero solo una de ellas quedó pendiente: la entrada del ejército republicano a Francia. Azaña huyó secretamente a Francia en febrero, mientras Negrín y el gobierno se trasladaron a Alicante. Con la caída de Cataluña, la república se redujo a Madrid y Valencia. Aunque la guerra estaba perdida, Negrín y los comunistas estaban decididos a resistir. El golpe de estado del coronel Casado, apoyado por una parte del PSOE y otros sectores, llevó al establecimiento de un Consejo Nacional de Defensa en Madrid. Los enfrentamientos entre las fuerzas leales a Negrín y los rebeldes casadistas convirtieron a Madrid en un campo de batalla. Ante la amenaza, Negrín y su círculo cercano huyeron de España en avión, abandonando a las tropas comunistas en Madrid. Con Negrín fuera del país, el Consejo de Defensa de Madrid quedó como autoridad máxima en la zona republicana. Tras negociaciones fallidas, Franco exigió la rendición incondicional, y las fuerzas republicanas se rindieron. Los miembros del Consejo, excepto Besteiro, marcharon hacia Valencia, donde se rendirían las últimas unidades republicanas. La guerra terminó oficialmente el 1 de abril de 1939, dejando paso al régimen franquista y a décadas de represión en el bando vencedor.


La Junta de Defensa Nacional y el Establecimiento del Régimen Franquista

La Junta de Defensa Nacional, constituida el 24 de julio de 1936 en Burgos, asumió el control del territorio bajo el mando de los sublevados durante la Guerra Civil Española. Integrada por líderes militares como el general Cabanellas, Franco, Mola, Queipo de Llano y otros, la Junta estableció un régimen militar que ejercía la totalidad del poder del estado. Su objetivo inicial era derrocar al gobierno del Frente Popular y restaurar los valores tradicionales, como la religión y la patria. La Junta de Defensa Nacional tomó medidas radicales para establecer el orden en las áreas controladas por los sublevados. Destituyeron a los gobernadores civiles nombrados por el gobierno republicano y declararon el estado de guerra en todo el territorio ocupado. Se impuso la censura previa, se prohibieron las estaciones de radio privadas y se incautaron vehículos y medios de comunicación. Además, se estableció la jurisdicción militar para delitos como rebelión, sedición y sabotaje, y se inició un proceso de depuración de la administración pública y judicial. La Junta también reorganizó el régimen municipal, estableciendo comisiones gestoras en lugar de ayuntamientos en poblaciones de más de 20 mil habitantes. Sin embargo, la medida más significativa fue la designación de Francisco Franco como jefe del Gobierno del estado español y generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire. Franco asumió todos los poderes del nuevo estado, consolidando su posición como líder del bando sublevado. La Junta de Defensa Nacional estableció un régimen militar autoritario en las zonas controladas por los sublevados, adoptando medidas para restaurar el orden y consolidar el poder bajo el liderazgo de Francisco Franco.


El Nuevo Estado y la Consolidación del Poder Franquista

El Nuevo Estado fue la creación de la Junta de Defensa Nacional durante la Guerra Civil Española, liderada por el general Franco. Este término se utilizó para describir el régimen político y administrativo que se estableció en las áreas controladas por los sublevados. Una de las primeras medidas para estructurar el Nuevo Estado fue la creación de la Junta Técnica del Estado, encargada de establecer organizaciones administrativas que garantizaran la autoridad, unidad, rapidez y austeridad en la gestión. Esta Junta estaba compuesta por siete comisiones. Se estableció el cargo de Gobernador General, cuya función era inspeccionar las provincias ocupadas y organizar la vida ciudadana en coordinación con las autoridades locales y las comisiones de la Junta Técnica del Estado. El Nuevo Estado se caracterizaba por la centralización del poder en manos del general Franco, quien asumió todos los poderes civiles, militares y políticos. Las decisiones políticas importantes seguían siendo tomadas por Franco y su círculo más cercano, especialmente desde Salamanca, donde estaba situado su cuartel general. En el ámbito político, se unificaron diferentes fuerzas políticas bajo el liderazgo de Franco, incluyendo la FE, los carlistas y otras facciones. Esto se materializó en la creación de la FET y de las JONS, que se convirtió en el único partido político. Franco ejercía control absoluto sobre este partido, supervisando todos los nombramientos y asegurando la lealtad de sus miembros. En el ámbito económico, se enfrentaba al desafío de reconstruir la economía desde cero. Se establecieron medidas para impulsar la agricultura y con la ayuda alemana e italiana. Se creó el Banco Nacional para emitir papel moneda y se llevó a cabo la unificación monetaria. En cuanto a la Iglesia, se estableció una estrecha colaboración en contraste con la política anticlerical de la Segunda República. Se derogaron las leyes laicas y se restauraron privilegios y exenciones fiscales para la Iglesia. La represión durante esta época afectó a aquellos que se consideraban contrarios al régimen, incluidos los miembros de partidos políticos y organizaciones de izquierda, así como los miembros de la masonería. El Nuevo Estado fue un régimen autoritario y centralizado, liderado por Franco y basado en la unificación de fuerzas políticas y la colaboración estrecha con la Iglesia Católica.


FET y de las JONS: El Partido Único del Régimen Franquista

FET y de las JONS fue el resultado de la unificación de diferentes fuerzas políticas bajo el liderazgo de Franco durante la Guerra Civil. Desde el inicio del conflicto, Franco comprendió la necesidad de poner fin a las divisiones entre las facciones políticas que habían participado en el alzamiento, lo que implicaba la creación de un partido único similar a Italia y Alemania. La unificación implicó superar las diferencias entre los monárquicos, especialmente entre los carlistas y los alfonsinos, cuyo objetivo era restaurar la monarquía. Algunos sectores dentro de la Falange, liderados por Manuel Hedilla, se opusieron a la fusión, lo que generó enfrentamientos violentos dentro del partido. El decreto de Unificación del 19 de abril de 1937, estableció la creación de la FET y de las JONS, que combinaba el ideario falangista con los principios tradicionalistas. Este nuevo partido único se presentó como nexo de unión entre el estado y el pueblo español, buscando fusionar la tradición con las nuevas fuerzas. Se adoptó un modelo jerárquico similar al de los partidos fascistas, con Franco como jefe supremo y liderazgo nacional nombrado directamente por él. El partido único nunca llegó a tener el control político del régimen, pero mantuvo un protagonismo significativo en instituciones como ministerios, sindicatos y medios de comunicación. A partir de 1938, bajo la dirección de Serrano Suñer y Luis de Arrese, se desarrolló la vertiente social del programa falangista, que se plasmó en el Fuero del Trabajo. Este documento sentó las bases para el sindicalismo vertical, donde los sectores productivos estarían representados en un sindicato único, subordinado al partido único. Se estableció el Auxilio Social, inspirado en instituciones similares de la Alemania nazi, para canalizar la ayuda a los más desfavorecidos y destacar la magnificencia del nuevo estado. La sección femenina, fundada en 1934 por Pilar Primo de Rivera, influyó en la canalización de las preocupaciones sociales y políticas de las mujeres, al margen de la estructura del partido único. La creación de la FET y de las JONS representó un intento de consolidar el poder político y social bajo un único partido, fusionando diferentes corrientes ideológicas en torno al liderazgo de Franco durante el régimen franquista.


Represión en la Zona Nacional y Consecuencias de la Guerra

La represión en la zona nacional y las consecuencias Durante la Guerra Civil en la zona nacional, la represión se inició con la depuración de la cúpula del Ejército. Tras la ley de reforma del Ejército en 1936, muchos generales abandonaron el servicio, y los que se mantuvieron fieles a la república fueron sometidos a consejos de guerra y condenados. La administración de justicia estuvo a cargo de la justicia militar, que realizó consejos de guerra sumarísimos y autorizó ejecuciones extrajudiciales, como los «paseos». A partir de la primavera de 1937, la represión disminuyó en algunas áreas ocupadas por los nacionales, pero hubo excepciones, como Málaga, donde se produjo una masacre. Badajoz fue escenario de una brutal represión, destacando la masacre de Badajoz en agosto de 1936, donde se ejecutaron a miles de personas, incluidos civiles. Los prisioneros de guerra, tanto militares como civiles, fueron recluidos en campos de concentración donde vivieron en condiciones infrahumanas. Las depuraciones en la Administración Pública fueron significativas, y la censura se extendió a todos los ámbitos, controlada por comisiones locales y nacionales. La ley de Responsabilidades Políticas de 1939 fue promulgada por el gobierno franquista tras el fin de la guerra, declarando la responsabilidad política de quienes se opusieron al movimiento nacional desde 1934 hasta el inicio de la guerra. Esta ley estableció sanciones económicas, limitaciones de libertad y pérdida de derechos para aquellos considerados culpables. Las consecuencias sociales y económicas de la guerra fueron devastadoras. Se estima que murieron entre 200 y 300 mil personas en combate, con un número similar de víctimas de la represión política en ambas retaguardias. La producción industrial y agrícola se vio afectada, y las pérdidas económicas fueron significativas, incluida la destrucción de viviendas, infraestructura y la disminución de la población activa.

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