La Cuestión Prejudicial ante el TJUE

La cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es la pieza clave del sistema de control jurisdiccional del Derecho de la UE, regulada por el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El Procedimiento Prejudicial

Los tribunales nacionales garantizan la correcta aplicación del Derecho de la UE en cada país. Para evitar interpretaciones divergentes entre tribunales de distintos países, existe el «procedimiento prejudicial».

Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma de la UE, puede (y a veces debe) consultar al TJUE. La respuesta se emite como una «cuestión prejudicial».

Este procedimiento no es un recurso contra un acto europeo o nacional, sino una consulta sobre la aplicación del Derecho europeo.

Tipos de Cuestiones Prejudiciales

• Interpretación: El juez nacional solicita al TJUE que aclare un punto de interpretación del Derecho europeo.
• Validez: El juez nacional solicita al TJUE que verifique la validez de un acto del Derecho europeo.

Según el artículo 267 del TFUE, los tribunales nacionales de última instancia están obligados a presentar una cuestión prejudicial si una de las partes lo solicita. Los tribunales que no resuelven en última instancia no están obligados a hacerlo, aunque una parte lo solicite. Sin embargo, cualquier tribunal puede consultar al TJUE en caso de duda sobre una disposición europea.

En España, el Tribunal Supremo y, en ocasiones, la Audiencia Provincial, actúan como tribunales de última instancia.

El TJUE se pronuncia solo sobre los elementos de la cuestión prejudicial. El tribunal nacional mantiene la competencia plena sobre el litigio principal.

El TJUE debe responder a la cuestión planteada, salvo que esté fuera de su ámbito de competencia. No puede negarse a responder alegando irrelevancia o inoportunidad respecto al litigio principal.

Alcance de las Decisiones Prejudiciales

La decisión del TJUE tiene fuerza de cosa juzgada y es obligatoria para el tribunal nacional que la solicitó y para todos los demás tribunales nacionales de los Estados miembros.

Si un acto europeo se declara nulo en una cuestión prejudicial sobre validez, también lo serán los actos basados en él. Las instituciones europeas deberán adoptar un nuevo acto para resolver la situación.

La Excepción de Ilegalidad

La excepción de ilegalidad es un instrumento procesal del TFUE que permite controlar incidentalmente la legalidad de un acto de alcance general durante un litigio principal donde se impugna una medida de aplicación de dicho acto.

Esto se debe a:

• La restringida legitimación activa de los particulares para interponer recursos de anulación contra actos de alcance general.
• El plazo reducido (dos meses) para solicitar la nulidad de un acto.

La estimación de la excepción de ilegalidad no anula el acto de alcance general, sino que lo declara inaplicable a la decisión concreta. Produce efecto de cosa juzgada entre las partes del litigio. La institución que adoptó el acto declarado ilegal debe tomar las medidas derivadas de la sentencia del TJUE.