PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

2. Iniciación. Alcance de las actuaciones inspectoras

3. Desarrollo de las actuaciones inspectoras

3.1. Plazo de las actuaciones inspectoras

Deben concluir en plazo de 12 meses. El plazo puede ser ampliado por otro periodo que no podrá exceder de 12 meses cuando:

1. Las actuaciones tengan especial complejidad atendiendo al volumen de operaciones del obligado tributario, la dispersión geográfica de sus actividades y otros supuestos establecidos reglamentariamente.
2. Cuando el obligado tributario ha ocultado a la Administración alguna de las actividades que realice.

3.4. Medidas cautelares

Se autoriza a la inspección para que en cualquier punto del procedimiento se adopten medidas cautelares debidamente motivadas para que no desaparezcan, destruyan o alteren las pruebas de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias. Las medidas cautelares pueden consistir en precinto, depósito o incautación de:

1. Las mercancías o productos sometidos a gravamen.
2. Los libros, registros, documentos, etcétera que puedan contener la información de que se trate.

Deben ser proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines perseguidos. No pueden producir daño de difícil o imposible reparación. Hay que documentar su adopción y levantamiento mediante diligencia.

4. Las actas

4.1. Contenido y naturaleza

Las actas son los documentos públicos que extienden la inspección de los tributos a fin de recoger el resultado de las actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma.

El contenido de las actas debe incluir:

1. El lugar y fecha de su formalización.
2. El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.
3. Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que se base la regularización.
4. En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda.
5. La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de liquidación.
6. Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
7. La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias.
8. Las demás que se establezcan reglamentariamente.

4.2. Clases y tramitación de actas

Actas con acuerdo

Se dan cuando para la elaboración de la propuesta de regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto, o cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta, la Administración tributaria, con carácter previo a la liquidación de la deuda tributaria, podrá concretar dicha aplicación, la apreciación de aquellos hechos o la estimación, valoración o medición mediante un acuerdo con el obligado tributario.

El acta con acuerdo incluirá necesariamente el siguiente contenido:

1. El fundamento de la aplicación, estimación, valoración o medición realizada.
2. Los elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de regularización.
3. Los elementos de hecho, fundamentos jurídicos y cuantificación de la propuesta de sanción que en su caso proceda, a la que será de aplicación la reducción prevista en el apartado 1 del artículo 188 LGT, así como la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador.
4. Manifestación expresa de la conformidad del obligado tributario con la totalidad del contenido a que se refieren los párrafos anteriores.

Para la suscripción del acta con acuerdo será necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Autorización del órgano competente para liquidar, que podrá ser previa o simultánea a la suscripción del acta con acuerdo.
2. La constitución de un depósito, aval de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, de cuantía suficiente para garantizar el cobro de las cantidades que puedan derivarse del acta.

Se entenderá producida y notificada la liquidación y, en su caso, impuesta y notificada la sanción, en los términos de las propuestas formuladas, si pasados 10 días, contados desde el siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar rectificando los errores materiales que pudiera contener el acta con acuerdo.

El contenido del acta con acuerdo se entenderá íntegramente aceptado por el obligado y por la Administración tributaria. La liquidación y la sanción derivadas del acuerdo sólo podrán ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 217 de esta ley, y sin perjuicio del recurso que pueda proceder en vía contencioso administrativa por la existencia de vicios en el consentimiento.

La falta de suscripción de un acta con acuerdo en un procedimiento inspector no podrá ser motivo de recurso o reclamación contra las liquidaciones derivadas de actas de conformidad o disconformidad.

Actas de conformidad

Con carácter previo a la firma del acta de conformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

Cuando el obligado o su representante manifiesten su conformidad con la propuesta de regularización que formule la inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta.

Se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, en el plazo de 1 mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar, con alguno de los siguientes contenidos:

1. Rectificando errores materiales.
2. Ordenando completar el expediente mediante la realización de las actuaciones que procedan.
3. Confirmando la liquidación propuesta en el acta.
4. Estimando que en la propuesta de liquidación ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas y concediendo al interesado plazo de audiencia previo a la liquidación que se practique.

Para la imposición de las sanciones que puedan proceder como consecuencia de estas liquidaciones será de aplicación la reducción prevista en el apartado 1 del art. 188 LGT.

A los hechos y elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado tributario o su representante prestaron su conformidad les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 144 LGT.

Actas de disconformidad

Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad se concederá trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

Cuando el obligado o su representante no suscriban el acta o manifiesten su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta, a la que se acompañará un informe del actuario en el que se expongan los fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización.

En el plazo de 15 días desde la fecha en que se haya extendido el acta o desde la notificación de la misma, el obligado tributario podrá formular alegaciones ante el órgano competente.

Antes de dictar el acto de liquidación, el órgano competente podrá acordar la práctica de actuaciones complementarias en los términos que se fijen reglamentariamente.

Recibidas las alegaciones, el órgano competente dictará la liquidación que proceda, que será notificada al interesado.