Sistemas de Responsabilidad de los Servidores Públicos (Artículos 108 al 114)

El marco constitucional mexicano establece diversas formas de responsabilidad para los servidores públicos:

• Responsabilidad Política: Deriva del incumplimiento de deberes genéricos del cargo, causando perjuicio a intereses públicos. Aplicable a funcionarios de alto rango (Art. 109).
• Responsabilidad Penal: Surge de la comisión de delitos (Art. 109).
• Responsabilidad Administrativa: Proviene de infracciones a los deberes del servidor público según su función (Art. 109).

Juicio Político

Procedimiento constitucional para exigir la responsabilidad política a servidores públicos de alto rango (Art. 110). Incluye dos fases: acusación en la Cámara de Diputados y resolución en el Senado. La sanción principal es la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Fuero Constitucional

Protección especial a servidores públicos, impidiendo la persecución penal regular (Art. 111). La separación del cargo implica el retiro de esta inmunidad (Art. 112).

El Artículo 113 establece las bases para sancionar a servidores públicos por incumplimiento de deberes, y el Artículo 114 define la prescripción para el juicio político y las responsabilidades penal y administrativa.

Declaración de Procedencia

Requerida para juzgar penalmente a un servidor público durante su ejercicio, incluso por delitos previos al cargo. La declaración implica la separación del cargo mientras dure el proceso.

Responsabilidad Patrimonial

Responsabilidad del Estado por actividades administrativas irregulares, no de los servidores públicos individualmente.

Defensa Subsidiaria de la Constitución

Conjunto de medios para preservar la Constitución, no exclusivos de un poder público. Ejemplos incluyen la intervención de la SCJN (Art. 29), la imposición del orden constitucional en estados por el Senado, y la investigación de la conducta de servidores públicos por el Congreso (Art. 93).

Historia Constitucional de México

Constitución Federal de 1824

Estableció el antecedente del juicio de responsabilidad oficial: el juicio de residencia.

Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 (Bases Orgánicas)

Organización del poder público y derechos fundamentales.

Nacimiento del Juicio de Amparo (1840)

Manuel Crescencio Rejón propuso el juicio de amparo en Yucatán como defensa contra actos del legislador, ejecutivo o administrativo que violaran la Constitución.

Bases de Organización Política de la Nación Mexicana (1843)

Antecedente del amparo directo: recurso de nulidad contra violaciones procedimentales.

Acta Constitutiva de la Federación (1847)

Propuesta de retorno al federalismo y la inclusión del juicio de amparo, así como un medio de defensa político de la Constitución.

Constitución Federal de 1857

Incorporó el juicio de amparo en los artículos 101 y 102.

Constitución de 1917

Consolidó la competencia de la SCJN para resolver controversias entre entes públicos y la inconstitucionalidad de actos. Creación de la acción de inconstitucionalidad (1995), el Tribunal de lo Contencioso Electoral (1987, luego Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1991).

Interpretación Constitucional

Atribución de significado a los símbolos lingüísticos de la Constitución para resolver problemas prácticos. Se rige por las mismas reglas de la interpretación jurídica.

Métodos de Interpretación

Gramatical, lógico, sistemático e histórico (causal-teleológico). Se pueden usar simultáneamente, pero prevalece el de mayor jerarquía en caso de contradicciones.

Tipos de Interpretación

• Doctrinal: Realizada por juristas y académicos, no obligatoria pero influyente.
• Judicial: Efectuada por jueces y tribunales, plasmada en sentencias y resoluciones.
• Auténtica: Realizada por el legislador, autor de la norma.

Juicio de Amparo

Medio procesal constitucional para proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución contra actos de cualquier autoridad. Regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y la Ley de Amparo.

Artículo 103

Establece la procedencia del amparo contra normas generales y actos u omisiones de autoridades que violen derechos humanos, vulneren la soberanía de los estados o invadan competencias federales.