El problema jurídico que nos encontramos en esta sentencia es el de si este compromiso de intenciones es un documento que refleja la voluntad de obligarse realmente por parte de los firmantes y que posee todos los elementos esenciales para considerarlos como precontrato.

el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el actor, condenándole al pago de las costes causados en este recurso y a la pérdida del depósito constituido.

los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo para desestimar este recurso de casación fueron los siguientes:
En primer lugar se basa en una de las doctrinas más utilizadas en nuestra civilística sobre la naturaleza jurídica del precontrato, en el que se exige que esté prefigurada una relación jurídica con sus elementos básicos por lo que el precontrato es el final de los tratos preliminares y no una fase de ellos.
En segundo lugar, visto lo visto, en el documento de intenciones no se encuentran los elementos que han de aparecer en la escritura de constitución de sociedad anónima exigidos en el artículo 8 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, que dice: En la escritura de constitución de la sociedad se expresarán: a: Los nombres, apellidos y edad de los otorgantes, si estos fueran personas físicas, o la denominación o razón social si son personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio, b: La voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad anónima, c: El metálico, los bienes o derechos que cada socio aporte o se obligue a aportar, indicando el título en que lo haga y el número de acciones atribuidas en pago, d: La cuantía total, al menos aproximada, de los gastos de constitución, tanto de los ya satisfechos como de los meramente previstos hasta que aquella quede constituida, e: Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad, f: Los nombres, apellidos y edad de las personas que se encarguen inicialmente de la administración y representación social, si fueran personas físicas, o su denominación social si fueran personas jurídicas y, en ambos casos, su nacionalidad y domicilio, así como las mismas circunstancias, en su caso, de los auditores de cuentas de la sociedad; por lo que faltan los elementos básicos del contrato proyectado por las partes.
En tercer lugar, en el acuerdo de intenciones que han elaborado, se pueden seguir negociando sin que su libertad contractual se vea dañada pues seguirán dentro de los tratos preliminares o que conlleva a la no obligación de celebración de contrato.
Y finalmente, cuando los elementos básicos del contrato no estén en el precontrato estaremos ante la formación del contrato, por lo que al estar en formación las partes son libres de llegar a acuerdos vinculantes para ellas pero no para exigirse obviamente el cumplimiento de lo que todavía no existe, pudiendo desistir de sus tratos.

examinada la sentencia, he de decir, que estoy de acuerdo con e fallo del Tribunal Supremo al desestimar el recurso de casación a manos de la parte actora.
Como se puede apreciar, no es un precontrato, como sostiene el actor, en base a que en el documento figuran todos los elementos básicos de la Sociedad Anónima a constituir, sino un compromiso de intenciones como declara la Audiencia, y como el documento en si declara, y aún así, estas intenciones tampoco quedan reflejadas por la parte demandada, como se aprecia en la sentencia, ya que en el documento del litigio dice ambas partes se comprometen a realizar las gestiones oportunas para el buen fin del presente documento a la mayor brevedad posible, y es firmado el 11 de octubre de 1989 y la demanda está fechada a 4 de junio de 1992, por lo que pasan casi tres años y las gestiones siguen en el mismo punto de partida.
Así pues, no se puede considerar un precontrato, el cual su objeto es el contrato proyectado, ya que este se le exige que haya figurado una relación jurídica con sus elementos básicos y en el documento se aprecia que no se encuentran los elementos que han de constar en la escritura de constitución de sociedad anónima exigidos por el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Sociedad Anónima del 22 de diciembre de 1989, por lo que faltan los elementos básicos del contrasto proyectado por las partes.
Finalmente, nos encontramos en unos tratos preliminares, en las cuales, las partes no quedan obligadas. Según Messineo: están simplemente animadas por una voluntad de discutir, pero no necesariamente por una voluntad de contratar. De ahí su libertad para legar o no a la celebración definitiva del contrato.
Para terminar, sólo podríamos estar hablando de precontrato, si en el se encontraran todos los elementos básicos, y en este caso, hablamos de la escritura pública de construcción de Sociedad Anónima que no posee el documento del litigio, y así, se origina el deber de las partes de prestar posteriormente los consentimientos contractuales apropiados para dar vida al contrato previstos.

Este documento no tasa un documento de Sociedad Anónima, por lo que no se podría considerar precontrato ya que falta a su forma, aunque la forma del precontrato es libre, si para el contrato proyectado se exige por el derecho alguna forma especial, el precontrato habrá de observarla siempre que se requiera para el primero como forma constitutiva.

Sentencia de 1 de julio de 1950 

Problema jurídico:

El problema jurídico que nos encontramos en esta sentencia es el de determinar si tras una promesa de venta es necesaria una nueva manifestación de voluntad o es suficiente con el consentimiento prestado.

El fallo del Tribunal Supremo en este caso es el de no dar lugar al recurso de casación interpuesto por el demandado, por lo que se le condena a otorgar a favor del la parte actora la escritura de venta de la finca mencionada en el pleito.

la línea argumental seguida por el Tribunal Supremo para dar solución a esta sentencia es que desestima el recurso pues reúne los requisitos del artículo 1861 del Código Civil que dice: No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: Consentimiento de los contratantes, Objeto cierto que sea materia del contrato y Causa de la obligación que se establezca. Por lo que se considera como un contrato, así pues el dueño de la cosa tiene la obligación de consentir la transferencia del dominio que ostenta sobre la cosa prometida y atendiendo al artículo 1451 del Código Civil (La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato. Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta, regirá para vendedor y comprador, según los casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos en el presente Libro) los contratantes tienen el derecho de exigirse el cumplimiento de lo pactado, es decir, en este caso el demandante tiene el derecho de exigir la venta de la cosa prometida, y que no sería solamente una indemnización por parte del demandado, como este alega, por incumplir la promesa, al no poderse cumplir ya que en este litigio si se puede, en definitiva, no se necesita una nueva especial manifestación de voluntad al estar ya perfeccionado el contrato.
Finalmente, lo que se estudia en este documento es un contrato de promesa de venta y no se le atribuyen ninguna característica del contrato de compraventa como afirma el demandado, además no han sido infringidos los preceptos que se citan relativos al consentimiento en los contratos pues en el contrato de promesa de vender o comprar se encierran y contiene el consentimiento para perfeccionar y consumar la futura compraventa prometida.

desde mi punto de vista, veo acertada la decisión del Tribunal Supremo en no estimar el concurso de casación interpuesto por el demandado pues en primer lugar, atendiendo al articulo 1258 del Código Civil dice que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, además, como podemos ver en el artículo 1261 del mismo cuerpo legal dice que: no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: Consentimiento de los contratantes, Objeto cierto que sea materia del contrato y Causa de la obligación que se establezca

Blanco promete vender su coche cuando pase de los 10.000 kilómetros a Negro, por una cuantía de 3.000 €. Tanto Blanco como Negro están de acuerdo en la cosa y en el precio, además del requisito de los 10.000 kilómetros. 

Blanco promete vender su finca a Negro por 300.000 €. Negro acepta la promesa. (estamos ante un contrato consensual y bilateral. Tenemos el consentimiento de ambas partes, la causa y el objeto). 

Blanco concede a Negro al opción de compra de su coche durante 1 año sobre la misma, es decir, el plazo empieza a contar desde el día que se concede la opción. Si pasado un año, Blanco no recibe respuesta de Negro, la opción de compra se extinguirá. 

Blanco dice a Negro que cuando apruebe el carnet de conducir le compra un coche. Es suspensiva ya que el deudor está obligado si se cumple la condición. La condición solo existe si se cumple la condición. 

Blanco acuerda con Negro en venderle su coche ( es acuerdo y no un precontrato o contrato ya que no se encuentran todos los elementos básicos).