El derecho del consumidor en España se enmarca en un complejo entramado normativo que abarca desde la Constitución Española de 1978 (CE) hasta leyes estatales y autonómicas. La CE, en su artículo 51, establece la defensa de los consumidores y usuarios, pero no atribuye la competencia exclusiva al Estado ni a las Comunidades Autónomas. Esta ambigüedad ha dado lugar a una compleja interacción de competencias.
A nivel estatal destacan:
La obligación es un vínculo jurídico que faculta al acreedor a exigir una prestación al deudor, disponiendo de medidas coactivas para asegurar su cumplimiento. El deudor es la parte pasiva de este vínculo.
El Derecho Mercantil regula las relaciones jurídicas en actividades empresariales, incluyendo normas sobre sujetos, obligaciones, derechos, actos y procedimientos concursales en caso de insolvencia. Sus fuentes son la ley, los usos del comercio y el derecho común.
Persona física o jurídica que ejerce una actividad económica organizada y profesionalmente, por sí o por representante.