El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, adoptado bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otro órgano o por denuncia del administrado (art. 69 de la Ley 30/1992). No se debe confundir la iniciación de oficio previa denuncia del administrado con la iniciación a solicitud del interesado.
La mayor parte de los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Administración Electrónica se encuentra recogida en los arts. 35 de la Ley 30/1992 y 34 de la Ley 58/2003 General Tributaria (aplicables con carácter general con independencia de que las relaciones sean telemáticas o no) y en el art. 6 de la Ley 11/2007, específicamente concebido para las relaciones telemáticas (los tres preceptos se reproducen íntegramente Seguir leyendo “Derechos de los Ciudadanos en la Administración Electrónica” »
Procedimiento Administrativo Común
Finalidad: Determinar, conocer y comprobar los datos, hechos y circunstancias en virtud de los cuales debe adoptarse una decisión o resolución administrativa con el objeto de garantizar los intereses públicos.
Funciones del procedimiento