de publicidad. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. De la lectura de este artículo se desprende que se reconoce el derecho de asociación de forma general, y sin una determinación concreta de los fines, imponiendo simplemente los límites de considerar prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. En este sentido, conviene recordar que la LO 10/1995, de 23 de Noviembre, por la que se aprueba el Código Penal, en su art. 515, declara punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión. 2.º Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. 3.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. 4.º Las organizaciones de carácter paramilitar. 5.º Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nacíón, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello. 6.º Las que promuevan el tráfico ilegal de personas. El derecho de asociación, dada su ubicación en el texto constitucional, se encuentra protegido por el recurso de inconstitucionalidad, y por la Ley 62/1978, de 26 de Diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, y deberá ser desarrollado por ley, que deberá respetar su contenido esencial. La actual Ley sobre Asociaciones es la Ley 191/1964, de 24 de Diciembre, que aún se encuentra vigente en algunos aspectos que no se contradicen con la Constitución, aunque en la práctica, se encuentra limitado su ámbito de aplicación a las asociaciones benéficas y culturales, puesto que otro tipo de asociaciones se rigen por normativa específica. Así, por ejemplo, cabe citar: Ley 21/1976, de 14 de Junio, sobre el derecho de asociación política, parcialmente derogada por la Ley 54/1978, de 4 de Diciembre, de Partidos Políticos, la Ley 19/1977, de 1 de Abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, derogada en cuanto se oponga por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de Agosto, de libertad sindical, la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de Julio, de libertad religiosa, en lo relativo a las asociaciones de carácter religioso, la Ley 30/1994, de 24 de Noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, etc., así como las disposiciones dictadas por las diversas Comunidades Autónomas con competencia sobre la materia. Se exige para la constitución de la asociación la elaboración de unos estatutos de régimen interno donde se especifiquen la denominación de la sociedad, su domicilio, el patrimonio fundacional, la forma de adquirir y perder la cualidad de socio, los derechos y deberes de éstos, y la estructura del órgano directivo. Debe notarse que la inscripción registral de las asociaciones, según se indica en el art. 22 de la C.E. Tendrá simples efectos publicitarios, lo que deriva en la realidad a la existencia de asociaciones de hecho, constituidas y no inscritas, lo cual implica la negación de su personalidad jurídica, y la imposibilidad de acogerse a los beneficios o ventajas establecidos legalmente. Por último debe notarse la garantía constitucional de que la disolución de la sociedad o la paralización o suspensión de sus actividades no pueda acordarse por la vía administrativa, sino exclusivamente por resolución judicial.